La asociación civil OIKOS Red Ambiental presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 9684, que habilitó el proyecto “PSJ Cobre Mendocino”. La demanda busca frenar de inmediato la explotación de cobre y oro en la cordillera.
Un frente judicial que no se detiene
La batalla contra la megaminería en Mendoza sumó un nuevo capítulo. OIKOS Red Ambiental ingresó a la Suprema Corte de Justicia una demanda de más de cien páginas que cuestiona tanto la legalidad de la DIA de San Jorge habilitada por la Ley Provincial N.º 9684 como el modelo de autorización que, según la organización, otorga un “cheque en blanco” a la empresa Minera San Jorge S.A.
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La demanda es taxativa al justificar por qué acude directamente a la máxima instancia judicial de la provincia. OIKOS sostiene que los mecanismos administrativos comunes —como los recursos de alzada o jerárquicos— son "vías muertas" cuando lo que está en juego es un bien colectivo de valor incalculable como el ambiente. Según el planteo, no se trata de una simple disputa de intereses particulares, sino de la defensa de la legalidad constitucional misma frente a un acto del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El blindaje legislativo bajo la lupa
La acción de inconstitucionalidad se dirige directamente a la máxima instancia judicial provincial. OIKOS sostiene que los recursos administrativos ordinarios son “vías muertas” cuando lo que está en juego es el ambiente como bien colectivo.
El escrito, firmado por Rodolfo Moyano y un equipo de abogados, denuncia que la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) escaló el conflicto a un nivel institucional superior. “Bajo la apariencia de ley, se vulneran derechos humanos fundamentales”, remarcan los letrados.
Principio de No Regresión: un retroceso ambiental
La demanda introduce un concepto clave: la Ley 9684 sería “regresiva” al disminuir el nivel de protección alcanzado por normas históricas como la Ley 7.722. Autorizar el proyecto con estudios críticos pendientes —balances hídricos y análisis de sismicidad—, según OIKOS, viola el Acuerdo de Escazú y el principio de progresividad constitucional.
Riesgos ignorados: agua, sismos y patrimonio
El documento expone una “secuencia viciada” en la Evaluación de Impacto Ambiental. Entre los puntos más críticos:
- Geología y sismología: se omitió la falla activa Cerrito San Jorge, a 200 metros de las instalaciones proyectadas.
- Agua: no existe línea de base actualizada sobre caudales en las cuencas de Yalguaraz y Uspallata, afectadas por una década de sequía.
- Patrimonio cultural: se denuncia falta de consulta a comunidades indígenas y ausencia de resguardo sobre el Camino del Inca, patrimonio de la UNESCO.
Urgencia judicial: frenar antes de perforar
Ante la inminencia de obras y perforaciones, OIKOS pidió medidas cautelares: suspensión inmediata de la Ley 9684, prohibición de innovar en el área y habilitación de feria judicial en enero. El argumento central es el periculum in mora: el daño ambiental sería irreversible si se espera una sentencia definitiva.
Cargas probatorias dinámicas
La asociación solicita que sea el Estado y la empresa quienes demuestren científicamente la seguridad del proyecto. “Quien tiene la facilidad técnica y el beneficio económico debe cargar con la prueba”, señala el escrito.
El futuro en manos de la Corte
La Suprema Corte de Mendoza deberá decidir si respalda un proceso de autorización cuestionado por apresurado y superficial, o si se convierte en garante de los derechos humanos y ambientales de las generaciones presentes y futuras. El agua de Uspallata, símbolo de vida en la alta montaña, se ha transformado en el epicentro de una disputa que recién comienza.
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