El intendente Ulpiano Suarez redobló la apuesta en el conflicto que mantiene con empleados municipales que piden salarios que superen la línea de indigencia: denunció al gremio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la justicia, también a trabajadores municipales y justificó la detención y denuncia penal contra 38 de los manifestantes.
El conflicto salarial -los empleados reclaman que se aumente el básico, de $10.300- lleva más de 20 días, en los cuales hubo distintas formas de protesta, una de las cuales fue la toma del predio de la UCIM, que para Suarez constituye un "hecho violento".
Eso derivó en la primera denuncia contra los y las trabajadoras que protestaron en el predio, que se tramita en la Fiscalía 34. Desde esa dependencia judicial se ordenó el desalojo con fuerzas policiales que incluyeron la Infantería. La comuna, a su turno, dispuso el cierre del predio.
La protesta continuó en distintas dependencias oficiales. Y la Municipalidad de Capital siguió denunciando a los que protestaban en distintas fiscalías. "Se interpuso denuncia contravencional D-38591/20, dando intervención al Juzgado Nº 1 de Faltas" por ruidos molestos a quienes se manifestaban en las instalaciones de Belgrano y Las Heras.
Pasada la medianoche del viernes la Infantería irrumpió en la Playa de Secuestros de la Dirección de Tránsito, ubicada en Coronel Plaza y 9 de Julio. Allí fue donde detuvieron e iniciaron causas a 38 de los trabajadores y trabajadoras.
Según la Municipalidad, los manifestantes "cerraron el portón, impidiendo el ingreso y egreso de vehículos y personal que presta servicios en tránsito, tarea que resulta de vital importancia en la Ciudad. Los manifestantes nuevamente provocaron daños, colocando una vez más en situación de riesgo al personal y bienes municipales, no solo por el incumplimiento de las medidas de salubridad dictadas en virtud del distanciamiento social preventivo y obligatorio, sino que, además, encendieron fuego en el interior y, entre otras acciones, desinflaron las ruedas de los móviles municipales que se encontraban el lugar, impidiendo así que el municipio pudiera dar respuesta ante cualquier urgencia".
Además de esta avanzada en la justicia contra los trabajadores, Suarez denunció a trabajadores en la Oficina Fiscal Nº 13 y en el Ministerio Público Fiscal a más trabajadores supuestamente por amenazar a otros municipales que no quisieron plegarse al paro.
La pandemia como excusa
Este fin de semana, con el recrudecimiento de las sanciones en plena pandemia, la Red por los Derechos Humanos Mendoza advirtió que las últimas acciones contra quienes protestan por parte del gobernador, Rodolfo Suarez, como el intendente de Capital, Ulpiano Suarez. hacen prever que usarán “la emergencia sanitaria para avanzar en la suspensión de garantías constitucionales y en el aumento de la mano dura”.
En un documento difundido este domingo tras la persecución a los municipales -a los cuales se les iniciaron causas relacionadas al artículo 205 del Código Penal (el que se uso en el decreto fundacional de la vigilancia de la cuarentena)- la red remarcó:
“Las detenciones y los allanamientos ilegales a dirigentes luego de movilizaciones, como la represión de este sábado 27 de junio, vaticinan las modificaciones del Código de Contravención, utilizando la emergencia sanitaria para avanzar en la suspensión de garantías constitucionales y en el aumento de la mano dura”.
Advierten que Suarez usa la pandemia “para avanzar en la suspensión de garantías constitucionales”
