La policía detuvo este fin de semana a tres jóvenes de bajos recursos que intentaban mitigar las altas temperaturas bañándose en un canal de riego en San Rafael, escudándose en artículos del Código de Faltas que, según publicitó el propio titular de Irrigación, servirá en esta temporada estival para apresar o cobrarle multas a quienes acudan a refrescarse por esta vía. Lo ocurrido en San Rafael es el precedente que abre la puerta a otras detenciones usando esa herramienta punitiva.
El juez que actuó en las detenciones, Oscar De Diego, admitió en radio Vos que los jóvenes no tienen el dinero para pagar la multa, que ascendería a $9.000, mucho más que lo requerido para pagar una temporada completa en una pileta, algo que, como es evidente, estas personas no pueden hacer. Con lo cual judicializó el tema por otro camino: inició los expedientes para que se determine si los arresta en un calabozo por tres días o los manda a hacer trabajos comunitarios en penalización por bañarse.
El Código de Faltas o Codigo de Convivencia, prevé multas más elevadas que pagar una temporada de pileta -claramente quienes acuden a un canal de riego, exponiendo su vida al hacerlo, no pueden hacerlo- o arresto de hasta cinco días en los calabozos disponibles, como al que enviaron días atrás a un hombre que intentaba ganarse el día limpiando vidrios.
También se aplicó recientemente para confiscarle el carro a un cartonero en las calles de Capital, y para detener a 11 personas que buscaban unas monedas el día de reyes a través de una playa de estacionamiento provisoria en la Feria del Juguete de Las Heras.
Esta división entre quienes pueden pagarse o no una pileta, un abogado para que los defienda o una multa de ese calibre es una de las razones por las cuales el Código ha sido denunciado en la Corte por Inconstitucional y violatorio de la igualdad ante la ley.
En un tramo de la entrevista, De Diego se ufanó de haber hecho "desaparecer" a los limpiavidrios y cuidacoches del centro de San Rafael. "Si ustedes andan por la calle van a ver que prácticamente han desparecido los trapitos", remarcó.
De Diego, el juez denunciado por Estela de Carlotto
En 2016, el juez De Diego enfrentó un pedido d Jury de Enjuiciamiento a pedido de organismos de Derechos Humanos por detener a un alumno de un establecimiento educativo de nivel superior de gestión estatal que protestaba en asamblea contra el arancelamiento de la inscripción.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de Mendoza en conjunto con organismos del área de San Rafael -entre ellos la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los DDHH filial San Rafael y el Grupo de Educadores Populares Aldabón- Nodo de Abuelas de Plaza de Mayo- había solicitado en marzo del 2015 que se sometiera a proceso a ese magistrado.
La propia presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dirigió una nota al Jury de Enjuiciamiento solicitando se dé celeridad al procedimiento, indicando que “los hechos denunciados revisten una gravedad institucional inaudita”.
No obstante, el Jury fue desestimado por unanimidad.
