El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, destacó el rol de las luchas ambientales en Mendoza como parte de la resistencia social a la minería a gran escala, clave en un escenario pospandemia, según remarcó en un informe sobre la situación en América Latina.
"Una particularidad del conflicto socioambiental en torno a la megaminería en Argentina fue la expresión de las resistencias a través de la acción institucional o movilización socio-legal que promovió, a lo largo de los últimos 15 años, la sanción de leyes provinciales que limitan la actividad. Estas Leyes prohíben algún aspecto de la minería a cielo abierto e inhiben la realización de la megaminería en los territorios provinciales", señala el informe, titulado Conflictos mineros en América Latina, extracción saqueo y agresión (puede verse completo al final de la nota).
Resalta el OCMAL que en 2007, 2015, 2018, "el lobby minero intentó derogar la Ley 7722, norma que hace especial hincapié en la protección de los recursos hídricos, y prohíbe en el territorio de la Provincia el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares durante los procesos de prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
La 7722 establece además que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que otorga el ejecutivo provincial, debe ratificarse por la legislatura de la provincia.
La pueblada del agua
El observatorio hace un repaso por la enorme movilización popular que en diciembre de 2019 resistió en las calles el derribo de la Ley 7722 a través de la ley del cianuroque quiso imponer Rodolfo Suarez apenas asumió.
"En diciembre de 2019, durante su primera semana como gobernador de la provincia Rodolfo Suárez, de la Unión Cívica Radical, con el apoyo de legisladores de distinto signo político envió a la Legislatura el proyecto de modificación de la Ley 7722. Es así que el 20 de diciembre se sancionó la Ley Provincial N° 9209, que habilitaba el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias en proyectos de minería metalífera. Diez días después, en el marco de movilizaciones masivas en toda la provincia, el gobernador y la legislatura provincial debieron derogar la Ley que daba luz verde al desarrollo de la megaminería en la provincia".
Resalta la transversalidad de la protesta, que abarcó a referentes barriales, vecinos autoconvocados, grupos estudiantiles y sectores productivos, y recuerda especialmente la Marcha del Agua que partió desde San Carlos y el 23 de diciembre, al llegar a Casa de Gobierno, fue reprimida por la policía al mando de Suarez.
La Marcha del Agua pidió derogar las reformas a la Ley 7722 en Casa de Gobierno
"Las movilizaciones fueron diversas y articularon a diferentes sectores sociales, productivos y organizaciones sociales, principalmente asambleas socioambientales que desde más de una década realizan acciones para proteger el agua frente al avance de la megaminería"
Dice el informe: "Las manifestaciones se expresaron a través de caravanas que recorrieron más de 100 Km desde los departamentos del interior hasta la ciudad de Mendoza, marchas y movilizaciones en las calles y plazas de distintas localidades y departamentos, movilizaciones en la ciudad que luego se multiplicaron frente el accionar represivo de la policía".
Semejante manifestación autoconvocada trascendió las fronteras, recuerda el observatorio: "El conflicto superó la escala provincial, por un tiempo estuvo presente en los medios de comunicación a nivel nacional y reabrió el debate en torno a las características de la minería a cielo abierto y sus consecuencias socioambientales. Los hechos que sucedieron en Mendoza en contra de la modificación de la Ley que habilitaba la minería a cielo abierto muestran, según Svampa “... la potencia de la sociedad en movimiento. Esto es algo novedoso; ocurre como con las movilizaciones de mujeres contra el patriarcado y en favor del aborto legal. Aquí asistimos a la sociedad en movimiento, que ante la imposición de la clase política (Cambiemos y Frente de todos), decidió tomar a su cargo la defensa de un bien común, cuestionando de lleno la territorialidad extractivista y colocando en el centro otras formas de valoración, en relación al cuidado del agua“ (Svampa, 2019)".
Críticas a Macri y Fernández
Contextualizando el entorno político de las luchas ambientales, el observatorio recuerda la última etapa del gobierno de Macri, signada por el brutal endeudamiento con el FMI y el sostenimiento de las retenciones a la minería, ya que "las metas fiscales hicieron imposible una quita para el sector como había sido propuesto por el gobierno en los inicios de su gestión en 2015".
El “nuevo acuerdo Federal minero” firmado por el Presidente de la Nación y catorce gobernadores en 2017 "quedó estancado en el congreso nacional, y estas legislaciones provinciales y municipales, sostenidas en las resistencias socioterritoriales, siguieron funcionando como dique de contención para mega emprendimientos no sólo en el ocaso del macrismo sino también –como veremos más adelante– inaugurado el gobierno de Fernández. El panorama extractivo tuvo su apuesta fuerte en Vaca Muerta, que antes del derrumbe petrolero de inicios de 2020 era presentada como la gran promesa de los no convencionales (gas e hidrocarburo) que podía promover la llegada de inversiones y divisas que tanto había anunciado el presidente Macri".
"A unos días de asumir el mandato, Fernández anunció en la Asociación Empresaria Argentina que la minería sería un tema primordial de su gestión, señalando la necesidad avanzar con la frontera minera sobre Mendoza y promover la explotación del oro y la plata en Chubut. Además, buscó revertir la imagen intervencionista de su fuerza política postulando que se impulsaría un Estado inteligente que equilibre las desigualdades en los mercados, dando garantías a los que invierten".
Remarca el observatorio que "La inversión en exploración minera se incrementó en 94% en los últimos años y de acuerdo a la Cámara de Empresarios Mineros todavía queda un 70% de territorio explorable en Argentina, principalmente en las provincias con fuerte legislación ambiental, Mendoza y Chubut . En diciembre de 2019, a través del artículo 52 de la ley 27.541, conocida como Ley de Solidaridad Social y reactivación productiva, se determinó un arancel máximo del 8 por ciento para las exportaciones mineras. Ahora bien, desde las empresas del sector aseguran que este punto aún no se encuentra reglamentado y, por lo tanto, no tiene vigencia".
Este es el informe completo:
