El gobierno de Mauricio Macri habilitó un plan "ilegal" contra las comunidades originarias con el fin de promover negocios inmobiliarios. La hipótesis está en el centro de una presentación de la nacional rionegrina Sivia Horne ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
La legisladora acaba de presentar un recurso de amparo a fin de que el estado nacional cese con la persecución a las comunidades. La presentación de la diputada peronista ataca a las órdenes de desalojo que padecen las comunidades originarias de Río Negro Nuwen Kurruf, Buenuleo y Pino Quiñe.
La legisladora le pide al máximo tribunal provincial que impulse un protocolo de actuación. En la presentación, advierte que la Ley 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país.
El escrito presentado por al diputada ante el STJ cuenta con el patrocinio del abogado Osvaldo Nahuel. Insta a que STJ “ordene a los tribunales de las diferentes circunscripciones tener en cuenta la aplicación de la Ley 26.160 y el derecho constitucional, suspendiendo los trámites de desalojo que se encuentren dentro del marco de la Ley 26.160”.
Persecución del Estado
La legisladora acusó al gobierno de Macri por la ejecución de un plan "con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal, con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismas a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios".
Agregó Horne que "el ministerio Público Federal inició una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y funcionarios de su cartera, se valieron de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad".
Horne planteó que “Rio Negro no es ajena a las diferentes resoluciones judiciales que se vienen desarrollando en el orden nacional, con un claro desconocimiento de la ley 26.160, los órganos de aplicación (INAI y CODECI), como también de las comunidades mapuches y sus tierras”.
Destacó que distintos tribunales están “procediendo a dictar resoluciones de desalojo (en procesos civiles y penales), con un claro desconocimiento de la ley 26.160 y de los órganos de aplicación”.
El amparo judicial se presentó a favor de las comunidades Nuwen Kurruf, del paraje La Escondida; Buenuleo, de la zona de Bariloche, y Pino Quiñe, ubicada en inmediaciones de La Japonesa.
Horne afirmó que en los casos de estas comunidades, “hay evidencia real y efectiva de la posesión actual con el uso y ocupación del territorio". Dijo que las tierras se usan para el pastoreo de animales y la plantación de alfalfa. "La construcción de viviendas ha permitido mantener la posesión de estas tierras, que usan como refugio en épocas de inviernos para la custodia de sus animales y para descanso y recreación familiar en época estival, ejerciendo el derecho de control territorial”, agegó.
La parlamentaria concluyó que “las tierras en conflicto fueron y son propiedad de las comunidades originarias y los símbolos de posesión descritos evidencian y configuran posesión de carácter tradicional, de naturaleza indígena”.
