El noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza -que juzga el rol de los servicios de inteligencia en secuestros y desapariciones- ventiló en la última audiencia el modus operandi de los civiles que colaboraron con las fuerzas policiales y del ejército a cargo de ejecutar el plan represivo del Estado.
Personal Civil de Inteligencia (PCI) es la sigla bajo la cual se agrupaban los mandaderos, los que se encargaban de espiar a militantes, sindicalistas, artistas, estudiantes, obreros y todo aquel que manifestara interés en la política o fuera amigo o frecuentara a los "objetivos" en cuestión.
"El régimen legal del PCI fue publicado recién en 2006, por una ley que prohibió el carácter secreto de su regulación. Se pudo saber que en 1971 se aprobó el Estatuto para el Personal Civil de Inteligencia de la Secretaría de Informaciones del Estado", ilustra el sitio que lleva al día las crónicas del juicio.
Los postulantes a buchones sin uniforme debían hacer gala de capacidad para mandar y sentido de la adaptación, para desenvolverse en los ámbitos diversos de los cuales tenían que obtener información sin ser detectados.
En Mendoza existen ejemplos concretos de la injerencia del PCI en la represión como el de Segundo Héctor Carabajal y el de Rubén Eduardo Faliti, ambos involucrados en casos de apropiación de menores. Carabajal fue el que entregó a Claudia Domínguez Castro, la nieta recuperada 117, a la pareja que la adoptó ilegalmente como propia.
En este juicio y en procesos anteriores varios testimonios aludieron a la actuación de los civiles que hacían inteligencia.
Néstor Norberto Cendón dijo que PCI estuvo a cargo del Operativo Murciélago, de ataque a la contraofensiva Montonera, a partir de 1978. El agente del D2, Armando Osvaldo Fernández también confirmó lo que hacía el PCI del Destacamento de Inteligencia 144: reunión, valoración, clasificación y distribución de la información.
En la audiencia del último viernes se detalló las responsabilidades de Carlos Néstor Bulacios, Hugo Luis Zalazar y Oscar Alfredo Simone en mútiples delitos como la privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, robos, amenazas y asociación ilícita.
La próxima audiencia será el 11 de octubre a las 9.30.
