Megacausa

Juzgarán a exagentes de inteligencia que facilitaron secuestros y desapariciones

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Este viernes 29 comenzará en Mendoza el noveno juicio de lesa humanidad. Se trata de otra Megacausa que sentará en el banquillo a los agentes de inteligencia que hicieron posible el funcionamiento del aparato represivo. Hay 20 imputados.

Se juzgará a los protagonistas de operativos conjuntos coordinados y ejecutados por las fuerzas militares y de seguridad que participaban de la represión y que afectaron a 107 víctimas -entre las cuales de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas– Muchos transitaron por distintos centros clandestinos de detención montados en la provincia, principalmente “Campo Las Lajas” “D2”, “IV Brigada Aérea” y “Comisaría 7ma”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Piña, Héctor Cortéz y Alberto Carelli, con Raúl Fourcade como cuarto juez.

Por parte del Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal general Dante Vega y los fiscales ad hoc Daniel Rodríguez Infante y Patricia Santoni, y se espera la declaración de cerca de 300 testigos. En tanto que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es representada por Fernando Peñaloza y también querella el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -“Destacamento” y “Fuerza Área”- agrupan a 16 de los veinte acusados. En el marco de este proceso, el MPF había imputado originalmente a otros 23 ex integrantes de las fuerzas de seguridad que por distintas razones -fallecimiento, apartamiento por razones de salud o por estar prófugos- no formarán parte del juicio.

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Los “buches” de uniforme

Una de los aspectos centrales del debate es que se juzga a ex cuadros jerárquicos y miembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército -que tenía a su cargo la recolección y procesamiento de la información y la coordinación de operativos con otras fuerzas militares y de seguridad- y de la Fuerza Área.

En este último caso la acusación alcanza no sólo a quienes se desempeñaban en actividades de Inteligencia sino también a aquellos que formaban parte de las áreas operativas.

En Mendoza ya han sido condenados integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 y de la Fuerza Aérea Argentina.

En el primer caso, el debate celebrado en San Rafael  tuvo entre los sentenciados a tres integrantes de aquel Destacamento.

Por su parte, en el juicio que culminó en septiembre de 2018 fueron condenados miembros de la Fuerza Aérea Argentina, entre ellos Juan Carlos Alberto Santamaría, integrante de la División 2 de Inteligencia, quien fue responsabilizado por la desaparición forzada de Mauricio Amílcar López, visto por última vez con vida en el Campo Las Lajas, CCD dependiente de esa fuerza. Santamaria se encuentra nuevamente entre los acusados del juicio que comienza el viernes.

Juicios de lesa humanidad en Mendoza

La provincia de Mendoza formaba parte de la Subzona Militar N° 33, a cargo de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y bajo órdenes superiores de Luciano Benjamín Menéndez, quien por eso fue sentado en el banquillo en varios de los procesos. Entre las causas de lesa humanidad llevadas adelante en Mendoza capital y San Rafael figuran:

Menéndez-Tripiana

Se juzgó en San Rafael a los responsables de la desaparición de los militantes de la Juventud Peronista Roberto Osorio, Pascual Sandoval, José Berón y Francisco Tripiana. Las víctimas fueron secuestradas y llevadas al CCD que funcionaba en la Casa Departamental en donde fueron sometidas a torturas.

Por estos hechos fueron condenados a prisión perpetua los policías provinciales Juan Roberto Labarta Sánchez y Raúl Alberto Ruiz Soppe y el ex teniente Aníbal Alberto Guevara. Raúl Egea Bernal, abogado de la policía, fue condenado a 8 años.

A partir de la prueba producida en ese juicio, se instruyeron nuevos casos que son los que dan lugar a la Megacausa
de San Rafael.

Paco Urondo

En Mendoza fueron juzgados ocho imputados por los crímenes cometidos en perjuicio de diez víctimas. Entre ellas se encuentran Francisco Paco Urondo, su pareja Alicia Cora Raboy y Ángel Bustelo quien fue abogado de víctimas del terrorismo de Estado durante 1975.

Los condenados formaban parte del D2 de Mendoza, a donde fueron llevadas varias de las víctimas para ser torturadas, de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y de la Brigada de Infantería de Montaña VIII.

Furio-Echeverri

Esta causa es la primera vez que llegan a juicio grandes operativos como PCML (operativo “Escoba”) y el de mayo de 1978. La mayoría de las víctimas fueron casos de desapariciones forzadas. En esta causa fueron condenados Alcides París Francisca, Paulino Enrique Furió, Juan Agustín Oyarzabal, Armando Fernández, Juan Antonio Garibote, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Benjamín Miranda, Ramón Angel Puebla, Dardo Migno Pipaon y Fernando Morelado.

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Megacausa San Rafael

Fue el quinto juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia, y el segundo en la ciudad de
San Rafael. El debate comenzó en marzo de 2015, cinco años después del primer juicio por delitos del terrorismo de Estado cometidos en el Sur mendocino.

Fueron escenarios de estos crímenes las sedes de la Municipalidad de San Rafael, varios comisarías de la Policía sprovincial, la dirección de inteligencia (D2) en la capital mendocina, la Penitenciaría de Mendoza, unidades del Ejército y de Gendarmería, entre otros establecimientos que funcionaron como centros clandestinos de detención
(CCD) en la provincia. En el juicio fueron condenadas 27 personas por delitos contra 76 víctimas.

Juicio a jueces

La ejecución del plan criminal —que incluyó secuestros, traslado de detenidos a los centros clandestinos de detención, interrogatorios bajo tortura, violaciones y homicidios, entre otros delitos— fue compartida por todas las fuerzas represivas: el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía de Mendoza (a través del D-2 o de otros grupos), la Policía Federal y la Penitenciaría. En este juicio se probó, además, la intervención de ex integrantes de la Justicia Federal.

En tal sentido, respecto de los ex jueces y el ex fiscal condenados, el tribunal dio por probado que omitieron ejercer los actos propios de sus funciones, dejando hacer y no oponiendo los obstáculos legales que hubiesen impedido que los delitos se cometieran.

Si bien el juicio inició con 39 imputados requeridos con relación a 205 víctimas, al momento de dictar sentencia, los imputados eran 28, vinculados a hechos que afectaron a 170 víctimas.

Sexto juicio

Este jueves se dio a conocer la sentencia en el 6to juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Cinco ex militares y policías fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otros 13 fueron condenados a penas entre 4 y 22 años. Carlos Rico fue condenado a cuatro años de prisión, por lo que quedará libre

El Tribunal Oral Federal Nro 1 dictó la sentencia este jueves en el 6to juicio por delitos de Lesa Humanidad en Mendoza. El juicio había comenzado a fines de octubre del año pasado y tenía a 27 imputados por delitos contra al menos, 86 víctimas. Entre los delitos investigados, se encontraban las desapariciones forzadas de Ramón Fernández, Osvando Zuin, María y Carlos del Carmen Marín y Mauricio López; los homicidios de Susana Bermejillo, Mario Susso, Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar, junto con las torturas a 16 mujeres en el Casino de Suboficiales del Ejército.

En la fecha el Tribunal Oral N° 1 dictó sentencia para 19 procesados por delitos de lesa humanidad. Hubo cinco condenas a prisión perpetua, entre ellas a Juan Carlos Santamaría, por su responsabilidad en la desaparición del reconocido profesor Mauricio López.

Además, hubo una absolución y penas de distinto monto, algunas muy bajas. Para Carlos Rico, 4 años y 6 meses; así como para los miembros de la Policía Federal, Raúl Mirotta y Marcelo León, quienes, a la vez, curiosamente, fueron condenados por asociación ilícita pero absueltos por la ejecución de de Amadeo Sánchez Andía, en junio de 1975 y de Víctor Romano Rivamar, en abril del ’76.

El Campo Las Lajas fue reconocido como Centro Clandestino de Detención. También se dictaminó que el trato recibido por las mujeres detenidas se encuadra en Violencia de Género. Los crímenes analizados fueron considerados delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio cuyo alcance incluye a los y las niñas que estuvieron a disposición del D2.

Juicio por la apropiación de Claudia Domínguez Castro

El juicio por la apropiación y sustitución de la identidad de Claudia Domínguz Castro, Nieta 117 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, culminó el 7 de marzo con la condena a 10 años de prisión para Héctor Carabajal, exmilitar y agente de Inteligencia del Destacamento 144, quien se apropió de Claudia Domínguez Castro, la Nieta 117 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, y la entregó en adopción irregular a sus apropiadores.

El matrimonio que la adoptó ilegalmente y la crió, Julio Humberto Bozzo y Antonia Clementina Reitano, fue condenado a 3 años de cárcel oor retención y ocultamiento de identidad de Claudia. Cumplirán la sentencia en libertad, aunque se les prohibió salir de Mendoza sin previo aviso del TOF.

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Fuentes: Ministerio Público Fiscal/Archivo Explícito/juiciosmendoza.blogspot.com.ar

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