La abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), calificó el asesinato de Rodolfo Orellana, de la CTEP, como un fusilamiento y dijo que “es el tercer caso de muerte en situación de conflictividad que tiene este Gobierno después de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.
"Es una herida de arma de fuego que no deja ninguna duda de que se trata de un fusilamiento", remarcó Verdú.
Entrevistada por FM La Patriada indicó que el crimen tiene como marco "de la conflictividad social, que se ve cuando atacan fuerzas policiales a quienes reclaman una vivienda digna”. Puso como ejemplo el caso de Cristian Ferreyra, asesinado en Santiago del Estero en 2011 y consideró que “los casos de represión estatal en reclamos de tierra y vivienda son los más frecuentes”.
La abogada también habló del incendio de la comisaría de Esteban Echeverría, donde murieron ocho presos. “Tenía inhabilitación judicial para alojar detenidos porque no garantizaba condiciones mínimas. Había 27 reclusos hacinados y en esas condiciones era lógico que reclamaran”. Aseguró que “hubo una decisión judicial para dejar que murieran” y habló de “una línea de conducta” respecto de casos como los 33 presos muertos en el incendio de Magdalena en 2005, o los 4 que murieron en 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. “No pueden decir que los bomberos tardaron en llegar si el cuartel está al lado de la comisaría. Si no fueron es porque no quisieron”.
