Asesinatos desde helicópteros, cuerpos arrojados al vacío desde un cerro, cuerpos escondidos en la planta de combustibles de Senkata. Violaciones a niñas. Son algunas de las aberraciones que registró la delegación argentina que viajó a Bolivia con el objetivo de registrar denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno defacto de Jeanine Añez tras el golpe de estado que derrocó a Evo Morales.
"Nos vinimos con preocupación y angustia por la situación de violencia y vulneración de la población, sobre todo la población indígena, que es víctima del terrorismo de estado. Es importante que esto se visibilice y que se activen los mecanismos de protección de la comunidad internacional".
De esta manera resumió el abogado Pablo Garciarena lo que vio la delegación, de la que es parte como miembro de Xumek. En pocos días toda la información que recogieron será detallada en un informe con la idea de elevar las denuncias a organismos internacionales de DD.HH. para que intervengan en Bolivia.
La delegación argentina denunció delitos de lesa humanidad del gobierno de facto
"No solo es importante el acompañamiento sino la posibilidad de romper el cerco mediático y visibilizarlo a nivel internacional. Vimos características propias de una dictadura y del ejercicio del terrorismo de estado por parte de esa dictadura", sintetizó en La Mosquitera.
La delegación, detalló Garciarena, tomó más de 120 entrevistas a familiares de víctimas. "Recibimos denuncias no sólo de la masacre de Senkata. En las entrevistas constatamos la violación a derechos humanos. También hicimos entrevistas a heridos en hospitales y a otros en sus domicilios, muchos no han tenido acceso a un proceso donde se les tome la denuncia o se los atienda".
Siguió Garciarena: "Clasificamos las denuncias en grupos: las personas asesinadas, las personas heridas, los detenidos ilegales y los detenidos blanqueados, que son aquellos a los que se les armó causas por sedición y terrorismo por participar de las protestas. Otro grupo de violaciones y ataques sexuales y persecución política a exfuncionarios y militantes sociales, y también a la prensa que no responde al gobierno de facto, que está siendo perseguida".
Este es el informe de la delegación:
