A un mes de la restitución de la Ley 7722, vecinos, asambleístas y organizaciones sociales de todo Mendoza confluirán este martes 28 desde las 10 frente a la Legislatura. Allí levantarán sus banderas como muestra de que la batalla por el agua no terminó: exigirán una vez más que se declare a Mendoza libre de fracking y por el impulso del área natural protegida Uspallata-Polvaredas.
Las dos proclamas tienen proyectos legislativos -en el caso del fracking avalado por miles de firmas recolectadas en toda la provincia- que duermen en cajones sin recibir tratamiento oarlamentario. Las Asambleas por el agua pelearon afuera de la casa de las leyes durante tdo el 2019 sin lograr escucha efectiva por parte de los legisladores.
Ley 7722, una batalla del pueblo en las calles contra los jinetes del cianuro
"Festejaremos un mes de la restitución de nuestra ley 7722, con alegría y espíritu de lucha. Entregaremos el documento 'Somos el río que rebalsó su cauce', elaborado por las AMPAP, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y la Coordinadora por los Bienes Comunes, para adjuntar al expediente de la defensa de la 7722. Exigiremos además el tratamiento de la Ley Mendoza Libre de Fracking', presentada hace más de un año con el aval de 100.000 firmas, diremos NO a la criminalización de la protesta y reclamaremos agua para todos los hogares mendocinos. Juntaremos firmas para el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas para asegurar la pureza de la cuenca del río Mendoza", sintetizó la Asamblea por el Agua sobre la convocatoria de este martes.
El proyecto del área natural Uspallata-Polvaredas es estratégico para frenar el nuevo avance de la minera San Jorge, que en los días en que estuvo vigente la ley del cianuro de Suarez presentó un nuevo estudio de impacto ambiental para dinamitar la montaña en busca de oro y cobre.
Enero combativo
Después de la pueblada que logró la derogación de la Ley 7722, la actividad en calles, plazas y rutas de Mendoza siguió a pleno durante enero. Las Asambleas por el agua y vecinos autoconvocados mantuvieron el clamor encendido semana a semana con festivales, folleteadas, juntada de firmas, intervenciones artísticas y una marcha contra el fracking que se concretó el 19 de enero.
La disputa por el espacio público es clave en esta contienda. Y así lo entendieron quienes tomaron en sus manos la protesta, sin amilanarse ante la embestida de las autoridades, que respondieron con censura, multas, intimaciones judiciales, detenciones, citaciones a las fiscalías e imputaciones.
El Código Contravencional y el Código Penal son las herramientas con las que pretenden proteger al lobby minero desde el oficialismo, que como contracara eligió el greenwashing o lavado de cara con marketing verde: mientras impulsan leyes dictadas al oído por los empresarios de la megaminería buscan proyectarse como gobernantespreocupados por el ambiente multiplicando las bicisendas o juntando colillas en la plaza.
Organismos de DD.HH. repudiaron la persecución a los que protestan contra el fracking en Mendoza
Frente a esto, los que batallan por el agua respondieron con más organización: abogados organizaron la resistencia en comunidad ante la criminalización de la protesta y la defensa colectiva de los manifestantes. En cada marcha o acto masivo tienen una guardia especial para atender casos de detenciones arbitrarias.
Demanda interprovincial
Mientras el clamor seguía en las calles, asambleístas de Mendoza fueron invitados por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Chewuelche de Río Negro para exponer sobre la lucha por le Lay 7722 y sumarse a la demanda interprovincial por el cuidado de las cuencas hídricas aguas abajo de los ríos que nacen en Mendoza.
Comunidades originarias de Mendoza y Río Negro y asambleístas de Mendoza, San Juan, La Pampa y Río Negro se reunieron en Catriel el penúltimo fin de semana de enero y de allí surgió el "Compromiso Catriel"
En un documento donde sientan posición respecto de los modelos extractivistas que producen “saqueo, expoliación, miseria, contaminación y muerte” sumado a un descuido que lleva a la “desaparición de ríos, humedales, flora y fauna, con el consecuente éxodo de poblaciones campesinas y originarias”, plasmaron demandas entre las que se destaca, una vez más, que se consulte a los pueblos originarios sobre obras que afectan a sus pueblos y que sea obligación el consentimiento.
Asambleístas y pueblos originarios de San Juan, Río Negro y La Pampa se unen a Mendoza
Este es el afiche de difusión del encuentro frente a la Legislatura este martes:
