El Gobierno de Rodolfo Suarez volvió a dejar plantada a la Sala II de la Corte en una audiencia de conciliación, esta vez por un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar contra la postulación de Teresa Day a la Suprema Corte. La presentación fue realizada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, que ahora deberán esperar que la sala se expida.
La estrategia del Gobierno a las dos acciones judiciales contra la candidata -la otra fue una medida de acción declarativa de certeza que interpusieron legisladores de la oposición- fue el faltazo. En este último caso, además, recusaron a los jueces porque entienden que como son partes del máximo tribunal no pueden expedirse en nada que tenga que ver con una posible futura miembro del mismo.
La postulación de Day recibió cuestionamientos de todo el arco político y de Derechos Humanos de la Provincia. Este lunes el gobierno pegó el faltazo a otra audiencia, convocada por la Sala II de la Corte por la acción declarativa de certeza que interpuso el PJ, el Partido Intransigente y Protectora.
Los jueces de la Sala II son Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio contra quienes el Ejecutivo echó a andar rumores de la posibilidad de un juicio político en el caso de que se expidan sobre estas medidas.
La postulación de Day recibió cuestionamientos de todo el arco político y de Derechos Humanos de la Provincia. Este lunes el gobierno pegó el faltazo a otra audiencia, convocada por la Sala II de la Corte por la acción declarativa de certeza que interpuso el PJ, el Partido Intransigente y Protectora.
Las organizaciones que interpusieron el pedido de insconstitucionalidad entienden que Day “carece de los requisitos de idoneidad que fija la Constitución para garantizar la independencia e imparcialidad que deben tener las Magistradas en una sociedad democrática”.
Ahora esperan que la Sala II resuelva sobre la cautelar antes de que se vote efectivamente en el Senado el pliego de Day, que sería en la sesión del próximo martes.
Esta semana, quien defendió la estrategia del Ejecutivo de no acudir a las convocatorias de la Corte fue el senador Juan Carlos Jaliff, quien sostuvo que si la Corte acepta intervenir con estos pedidos se entromete en las decisiones del Senado, que es juez en este conflicto. Sostuvo además Jaliff que la declaración de certeza debe darse “con los hechos consumados”, es decir, cuando Day sea aprobada en el Senado.
