El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, responsabilizó a los vecinos de la zona cercana a la Peatonal por el operativo de represión policial desatado contra los trabajadores municipales y gremialistas este domingo, en el que se detuvo a más de 40 personas -entre ellas algunos vecinos de la zona que pasaban por el lugar- y se golpeó a varias de las mujeres que estaban reclamando que se aumente el básico de esos trabajadores, que hoy es de $10.300.
"En relación a la intervención judicial y policial, realizada en Peatonal Sarmiento en la jornada del 5 de julio, los hechos se suscitaron a raíz de denuncias de vecinos y comerciantes. Fueron recibidas por la Policía mediante llamados al 911, según manifestaron los vecinos y comerciantes que también se comunicaron con el municipio", se deslindó el jefe comunal, quien ya había intentado desalojar el acampe durante la madrugada.
Según Suarez, la respuesta policial contra los trabajadores se debió a que los vecinos "alertaron respecto de una reunión de personas en Peatonal Sarmiento y San Martín, que incumplían las medidas de distanciamiento y de salubridad. Dichas personas se encontraban en flagrante violación del art. 205 del Código Penal, del decreto 775/2020 de la Provincia de Mendoza —promulgado el 17/6/2020 en función del DNU Nacional 260/2020, por el que se amplió el plazo de un año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS— y del DNU Nacional 297/2020, por el cual se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, siendo de público conocimiento sus prórrogas".
El acampe, que levaba cuatro días en acompañamiento a un grupo de empleados que se encedenó a un banco en clamor por su salario inferior a la línea de indigencia, fue una de las medidas de protesta encaradas a lo largo del último mes.
Suarez -quien viene denunciando en distintas fiscalías a los trabajadores- atribuyó la represión a un presunto cuidado de las medidas de aislamiento.
Suarez redobló la avanzada: denunció a los trabajadores que protestaron por sus salarios
"Se constató el incumplimiento y la Justicia activó el protocolo correspondiente y habilitó los medios para proceder al desalojo, en función de los decretos mencionados que prohíben las reuniones y las actividades que no estén expresamente determinadas como permitidas. A partir de esto, personal policial aprehendió a las personas referidas", resumió el jefe comunal.
Sin embargo el fiscal correccional Lauro Monticcone sólo emitió una orden de citación, no de detención, como indicó Pablo Salinas, el abogado defensor de los dirigentes del SUTE.
Cerró Suarez: "Es válido el reclamo salarial e indiscutido el derecho a huelga, siempre que sea dentro de los parámetros sanitarios permitidos en tiempos de pandemia".
