Bomba de tiempo

COVID-19 en cárceles de Mendoza: alertan por el aumento de presos y el abandono estatal

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El Comité Provincial de Prevención de la Tortura -aún activo hasta que se promulgue la ley de Cornejo y Suarez que lo pulverizó- alertó sobre el riesgo que implica el COVID-19 en las cárceles de Mendoza después de que días atrás trascendiera el contagio de reclusos de San Felipe.

Advirtieron también sobre el aumento de la prisionalización en Mendoza -que ya era una de las más altas del país, pero se acrecentó en el gobierno de Cornejo y el de Suarez, aún antes de la pandemia- por la aplicación de normativas sobre el aislamiento social.

Por abuso de la prisión preventiva las cárceles de Mendoza son una bomba de tiempo

"Este comité recibe a diario innumertables mensajes de personas privadas de la libertad y sus familiares cargados de angustia e incertidumbre ante el contatio confirmado o la presencia de síntomas graves en quienes están alojados allí sin atención médica", señalaron en un comunicado difundido horas atrás.

El CPPT remarcó en ese sentido que el Gobierno de Mendoza "pareciera hacerse eco de los discursos de odio sobre las poblaciones más vulneradas, dándoles la espalda y desoyendo lo que indica la normativa internacional en relación a las personas privadas de libertad y las recomendaciones específicas emitidas por diferentes organismos para abordar la pandemia de COVID-19 en las cárceles. La situación de la gestión estatal en nuestra provincia es grave".

Alertadas las autoridades sobre la situación carcelaria, la respuesta "ha sido el silencio", remarca otro tramo del comunicado.

"La desidia, el abandono y la indiferencia son decisiones políticas, el Poder Ejecutivo, mediante las autoridades del Ministerio de Salud y las jefaturas carcelarias, serán responsables de lo que suceda en el corto plazo ante el colapso sanitario y las muertes bajo custodia del propio Estado".

Subraya el comité la nula injerencia del procurador de las personas privadas de la libertad, Luis Romero (UCR): "Queremos denunciar la negligencia e inoperatividad de Luis Romero, funcionario rentado en el cargo de procurador de personas privadas de la libertad que, como militante del partido político actualmente en el gobierno parace eestar más al servicio del encubrimiento de las conspicuas omisiones de sus correligionarios antes que para cumplir las responsabilidades que le confiere la ley".

Este es el comunicado completo del CPPT:

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