Dos años y medio después de una multitudinaria protesta contra el fracking, vecinos y vecinas de San Carlos aún intentan reunir la plata para pagar los costos judiciales de la defensa de las imputaciones que ejecutó el juez Walter Bento por manifestarse en la ruta.
Fue en abril de 2018 cuando los pobladores de Eugenio Bustos salieron a la calle para tratar de impedir el paso de un camión que llevaba químicos al Puesto Rojas, en Malargüe, después de que Alfredo Cornejo firmó el decreto 248 que en Mendoza daba vía libre a la "fractura hidráulica".
Cuando en San Carlos -uno de los principales bastiones de defensa de la Ley 7722 y de la resistencia al fracking- se enteraron que iba a pasar el camión, los vecinos comenzaron a avisarse y, con el impulso de las redes sociales, pronto una multitud salió a la vera de la ruta para impedir su paso. Se congregaron a la altura de la Estación Shell de Eugenio Bustos.
Fueron más de nueve horas a la vera de la Ruta 40. El Gobierno desplazó hacia el lugar a la Gendarmería y a la Policía.
Hubo en principio unos 25 imputados "incluídos estudiantes que no estaban en la protesta pero figuraban en una planilla de juta de firmas para oponerse al decreto, y con esa planilla imputaron pibes que ni siquiera habían estado en las rutas -contó a EXPLÍCITO Lucas, de la Asamblea Pibes Autoconvocades San Carlos-. La Municipalidad de San Carlos ofreció patrocinio legal a los que no pudieran acceder a un abogado, que son 4 personas, y esa es la causa a la que pudimos acceder y estamos siguiendo".
La colecta vecinal es para juntar unos 30 mil pesos para cubrir gastos operativos de trámites judiciales de los vecinos que fueron imputados.
Fracking, política de estado
Poco antes de esa protesta en Eugenio Bustos, el gobierno de Cornejo avaló con el decreto 248 el avance del fracking e impulsó una política agresiva de extracción a través de decretos de rebaja en las regalías para las empresas petroleras que comprometieran inversiones en la parte mendocina de Vaca Muerta, en el sur provincial.
Su sucesor, Rodolfo Suarez, prometió profundizar esa política de beneficios durante su campaña.
El decreto en cuestión está en la Suprema Corte después de que la Asociación Oikos Red Ambiental interpusiera una acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad en contra ante la Sala 1º de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Al menos hasta el 2021 es poco probable que se defina sobre la cuestión.
