Lo que no pudo lograr a través de la ley del cianuro, Rodolfo Suarez lo impulsa con el Consejo Económico Ambiental y Social (CEAS), con una estrategia de doble presión.
Por un lado el mandatario insistirá en la reforma de la Constitución que piden los empresarios mineros, y por otro buscará darle impulso a la discusión de "la minería como actividad" dentro del mismo consejo.
El CEAS se reunirá este lunes a las 18 y el empresariado minero tiene sus fichas puestas en que, fracasada la ley para legalizar el cianuro en la minería, se imponga igual una reforma de la 7722 por esta vía.
El presidente de la UIM pidió megaminería, reformar la Ley de Aguas y la Constitución
, “Hablaría mal de nosotros si bajamos la bandera que hemos levantado hace tiempo. Somos respetuosos de la institucionalidad pero no podemos dejar de insistir que la minería es una actividad lícita, que se practica en todo el mundo y que tenemos que encontrarle una solución al problema”, sinceró Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), en una entrevista a Los Andes este domingo a la que sólo pueden acceder sus suscriptores.
La reforma que pide el lobby minero
Suarez acudió al Consejo Económico Ambiental y Social, un órgano paraestatal, para presionar a la oposición y lograr cambiar la Carta Magna discutiendo el tema en la Legislatura, pese a que al oficialismo no le dan los votos.
Al recurrir al Consejo Suarez se juega otra ficha para dejar orsai al PJ, que ya manifestó que no votará los cambios en la Constitución. Tampoco la izquierda avala la reforma, porque le quitaría representatividad a las terceras fuerzas.
De 86 miembros del CEAS, 69 votaron por la discusión en la Legislatura. No obstante, el rechazo social a la reforma de la 7722 fue tan contundente en diciembre de 2019 que van con pie de plomo en ese sentido, impulsando un documento que lleva por título: "Aprovechamiento sustentable e integral del potencial minero de Mendoza”.
La reforma es fogoneada por empresarios promineros, entre ellos los nucleados en la UIM. Pretenden que cada municipio pueda avanzar con autonomía en proyectos de explotación sin las trabas que impone en toda la provincia la Ley 7722.
Como caballito de propaganda de la reforma, el mandatario pondera que se trata de un “achique” de la política y se autoexcluye de la reelección. Sin embargo, detrás de los cambios está el avance de la megaminería, que sucesivos gobiernos han buscado sin éxito, y el control total de la Suprema Corte.
Las asambleas en alerta
Un actor clave en la defensa de la Ley 7722 fueron las asambleas nucleadas en Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP). Sus miembros están alerta por el avance que puedan tener las discusiones en el CEAS.
“Pusieron a funcionar este Consejo Económico Ambiental y Social cuando hay otros consejos creaos por ley que no están funcionando, como el Consejo Provincial de Ambiente que existe desde hace 27 años y que sin embargo han convocado apenas una reunión en 2016 y después nunca más. No hay voluntad de abrir el juego a una discusión en serio”, remarcó a EXPLÍCITO Marcelo Giraud al cumplirse un año de la pueblada por la 7722.
Luego analizó la fachada ambientalista que pretende darle Suarez al Consejo, que ha excluído a verdaderos referentes de la defensa ambiental:
