Ambientalistas, vecinos autoconvocados y organizaciones gremiales y estudiantiles responderán este sábado, en el Carrusel vendimial, a la avanzada oficialista para apurar las perforaciones de fracing en el Sur provincial, a las cuales Cornejo le puso 5ta a fondo en las últimas semanas, con una gira por EE.UU. en busca de inversores junto al CEO de la petrolera de Vila Manzano, que lo acompañó, y en Buenos Aires, donde el macrismo ayudó en la logística para concretar reuniones con lobbistas del sector.
Cornejo en EE.UU.: “El populismo llenó a la ciudadanía de mitos contra el fracking”
Este sábado desde las 9 en la plaza Italia de Capital cientos de vecinos que durante todo el 2018 batallaron en defensa de la Ley 7722 -que impide el uso de sustancias contaminantes como el cianuro en la minería- se reunirán para marchar como parte del Carrusel frente a miles de turistas y, sobre todo, para protestar frente al palco oficial por el embate contra la normativa, que tiene también una pata en el PJ, que fue el impulsor de los proyectos legislativos para reformar la norma y convertirla prácticamente en letra muerta.
Todos los años los ambientalistas llevan la pancarta en defensa del agua de Mendoza, pero en esta edición del desfile vendimial, el último de Alfredo Cornejo como gobernador, "vamos a ser muchos más. Creo que va a ser uno de los más convocantes", dijeron los organizadores a EXPLÍCITO.
Mientras tanto, los ambientalistas siguen en espera de una resolución de la Corte acerca de la inconstitucionalidad de la resolución 249 de Irrigación que habilitó el fracking en Malargüe, que quedó en suspenso por 20 días hábiles. La denuncia fue realizada por la ong Oikos, quien argumenta que la resolución es violatoria del derecho a la información y participación en materia ambiental “que es un presupuesto de orden público”, ya que la explotación petrolera no convencional es una actividad de alto impacto y grave riesgo ambiental que requiere de audiencia pública.
Además denunciaron que Irrigación dictó la Resolución 249 “fuera de sus facultades constitucionales y contra el mandato de proteger el recurso hídrico que la Carta Magna y la Ley de Aguas le imponen como misión fundamental. Por otra parte, altera el régimen legal de aguas subterráneas de la provincia y se desconoce la Ley de Ordenamiento Territorial provincial”.
