Con el Código Penal y el Código de Convivencia como plafón, este miércoles y jueves se escribió un nuevo capítulo de la criminalización de la protesta en Mendoza.
El procurador Alejandro Gullé -hombre de Alfredo Cornejo en la Corte- confirmó la imputación de 11 personas que este miércoles pidieron la emergencia alimentaria en el nudo vial de Costanera y accesos y luego acompañaron una marcha docente. Para hacerlo apeló al artículo 194 del Código Penal por "entorpecimiento de medios de transporte".
Entre los imputados están el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez; el senador provincial del PO FIT, Victor Dávila, docentes y miembros de las organizaciones sociales.
Es porque cortaron calles para reclamar que el gobierno atienda la demanda de millones de personas que cayeron en la pobreza por el plan de ajuste de Macri y el FMI, que en Mendoza triplicó el desempleo de los mayores de 30 años, multiplicó la canasta de pobreza y elevó la inflación a más de 60% acumulada anual en alimentos.
"El gobierno de Cornejo vuelve a mostrar su ensañamiento con los/as que luchamos, en general, y contra los/as trabajadores/as de la educación y su sindicato, en particular. En el día de hoy, tras haber protagonizado con diversas organizaciones sociales una gran jornada de lucha el 4S, se comunica la imputación de 11 trabajadores/as, de los cuales 6 son compañeros/as del SUTE. En la imputación hay compañeros/as de organizaciones como FOL, FPDS Corriente Nacional y Polo Obrero, incluido un legislador provincial del FIT", señaló el gremio de maestros en un comunicado.
En tierra de Suárez
En paralelo, el intendente de Capital y candidato a la gobernación por Cambiemos, Rodolfo Suárez, notificó a tres de esas agrupaciones que serían multados con $70.000 por ejercer su derecho a la protesta en la calle. La Municipalidad, reiteró Suárez, cree que quienes peticionan no deben "afectar a los demás".
Los multados por este código desde su aprobación son en su mayoría quienes buscaban sobrevivir a través de la economía informal por falta de trabajo -cartoneros, limpiavidrios, cuidacoches- pero también opositores políticos y gremios.
Suárez multó a opositores políticos que marcharon en apoyo a docentes imputados
Este miércoles se lo usó para multar al Polo Obrero, el Frente de Izquierda y el PTS, con $70.000 a cada una de esas agrupaciones políticas. “Por cortar la circulación mientras se manifestaban en la intersección de Peltier y España. Esta conducta está tipificada como infracción según las normativas que rigen en la Ciudad de Mendoza”, señaló la comuna que conduce Suárez.
El colmo de los colmos
Los multados e imputados por la justicia participaron de una marcha en la que se reclamó, precisamente, la persecución a docentes que protestan.
Como parte de las muvilizaciones de este mirécoles, el SUTE, agrupaciones políticas y movimientos de DD.HH. llegaron hasta Tribunales para exigir que se de de baja a la avanzada punitivista de Cornejo contra los maestros.
La imputación de Alejandra Castelli, Martín Dalmau y Pablo Massutti por defender su salario se suma a otros casos como los de Paola Vignoni, docente dada de baja e inhabilitada por criticar el Operativo Aprender, Ricardo Ermili, supervisor cesanteado por criticar al gobernador en redes sociales, los tres docentes del IES Tomás Godoy Cruz imputados por participar de una asamblea y el más reciente, de Carolina Gutiérrez, docente de Junín trasladada de su escuela sin mediar ningún proceso administrativo por el uso de lenguaje inclusivo.
La fiscalía pidió avanzar con la denuncia contra tres maestros que protestaron en la calle
