La CTA opositora y ambientalistas llamaron a la resistencia popular ante el avance de capitales rusos en San Jorge

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7722
Este año la Asamblea por el Agua realizó un acampe en el Tribunales por la causa judicial de la Ley 7722.

 

A tres años del rechazo legislativo al proyecto minero San Jorge, este miércoles desde las 18.30 la CTA opositora y la Asamblea Popular por el Agua harán una radio abierta en la explanada de la Legislatura para pedir por la protección de la Ley 7722, que impide la minería consustancias contaminantes como el cianuro y similares en Mendoza.

"Sabemos que está en marcha un operativo desde el Frente para la Victoria y otros partidos políticos junto a sindicatos de la CGT y la CTA oficialista y la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros para abrir nuevamente el debate sobre la instalación de la megaminería en Mendoza", señalaron.

La Ley 7722 fue cuestionada por varias empresas mineras y particulares con recursos de inconstitucionalidad que fueron agrupados en una misma causa por la Suprema Corte, que debe fallar al respecto con su tribunal en pleno. Antes de ser gobernador, en plena campaña, Pérez tuvo que prometer que el proyecto San Jorge (que planea la extracción de cobre en Uspallata) no avanzaría durante su gestión y en el transcurso de la misma reiteró que el proyecto no se tocaba. Sin embargo, este portal reveló una reunión del mandatario con los nuevos inversionistas rusos de San Jorge en Mendoza.

El encuentro no fue difundido en la agenda pública del mandatario, al igual que sucedió con el que se desarrolló en Buenos Aires con los mismos sectores en la mesa, aunque una vez difundida la noticia Pérez blanqueó el encuentro en una rueda de prensa. Los grupos rusos Solway Investiment y Aterra Capital ostentan el 70% del paquete accionario de San Jorge. Desde febrero nombraron a Taras Nechiporenko como CEO del negocio, que es el primero de estos accionistas en el país.

La CTA y los ambientalistas de la Asamblea del Agua apuntaron directo al entrecejo de Pérez en el comunicado que invita a la radio abierta: "Funcionarios del gobierno provincial, responsable de abrirle las puertas a estas grandes empresas y su especulación, tienta a estos trabajadores con ofertas de trabajo a cambio de una hipotética modificación de la ley 7722".

Y siguieron: "Hace semanas que escuchamos y leemos sobre los 'miles de puestos de trabajo que nos perdemos sin minería'. Tenemos los ejemplos concretos de las provincias vecinas como San Juan o Catamarca, pioneras en el desarrollo megaminero de nuestro país y, sin embargo, pioneras en los índices de desocupación y de pobreza. La propia Comisión Económica para América Latina expresó la baja ocupación que genera esta actividad, a razón de un puesto de trabajo cada dos mil millones de dólares de inversión. Los únicos que salen ganando con estos proyectos son los grandes capitales mineros".

"Sabemos que está en marcha un operativo desde el Frente para la Victoria y otros partidos políticos junto a sindicatos de la CGT y la CTA oficialista y la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros para abrir nuevamente el debate sobre la instalación de la megaminería en Mendoza. Con la excusa de la desocupación creciente, buscan modificar la ley 7722 desde la legislatura y declararla inconstitucional desde la Suprema Corte de nuestra provincia. Además, buscan aprobar el regreso del Proyecto San Jorge (recientemente adquirido casi en su totalidad por capitales rusos) con una propuesta bi-provincial: dinamitan y saquean los minerales en nuestra provincia y cruzan la frontera con San Juan para procesarlos allí, donde las mineras mandan y no existe una ley como nuestra 7722. Para colmo, quieren hacerlo pasar por una actualización del proyecto que fue rechazado unánimemente en la legislatura en 2011 sabiendo que es obligatorio presentar todo un proyecto nuevo que debe someterse a las mismas evaluaciones que el anterior", apuntaron acerca de los planes de los inversores rusos.

En la radio frente a la Legislatura, pedirán los siguientes puntos:

-Exigimos que los trabajadores desempleados de Vale sean incorporados a la obra pública de manera directa y con salario bajo convenio.

-Defendemos la plena vigencia y constitucionalidad de la ley 7722 y denunciamos los intentos por restringirla o derogarla.

-Refirmamos el rechazo de los mendocinos al proyecto San Jorge bajo su nueva formulación.

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