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Este viernes una comisión judicial desalojó de su casa a Carmen, una mujer de 85 años de Vallecas, Madrid, que salió de aval de su hijo con su vivienda. Un grupo de activistas antidesahucios intentó impedir que la echasen de su vivienda, pero no lo consiguió. Un fuerte despliegue de policías antidisturbios ayudaron a ejecutar la orden del juez.
El hijo de Carmen había solicitado 70.000 euros a un prestamista particular, cuyo aval era el piso de su madre. Como no pudo devolver esta cantidad, el prestamista se quedó con la casa y la subastó. Entonces, el nuevo propietario quiso disponer de la misma y por ello acudió a la Justicia.
El desalojo de la mujer tuvo lugar a primera hora de este viernes en el número 10 de la calle Sierra de Palomeras, en el madrileño barrio de Entrevías.
Carmen tiene 85 años y cobra una pensión mínima, que había hipotecado su casa con un prestamista particular (un proceso lleno de irregularidades con muchas clausulas abusivas). Su hijo pidió un crédito a un prestamista de varios miles de euros y luego se quedó desocupado.
Si bien había ido pagando los intereses, al ser estos tan desorbitados no ha podido hacer frente al resto, por lo que el prestamista inició las acciones legales para finalmente quedarse con la vivienda. Lo concreto es que una vez más, el Estado no solo ausente, sino cómplice del vil atropello de los derechos humanos de las personas protegiendo a especuladores y mafias bankarias, en detrimento de las personas más necesitadas.
Todo ello apoyado, claro, por la fuerza bruta de la policía que nuevamente agrede y ejerce la represión contra las personas solidarias que quieren justicia.
Fuente: kaosenlared.net/Huffington Post
