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La Cámara de Diputados de Mendoza echó a la legisladora Janina Ortiz, recién condenada por robo en la administración pública municipal de Las Heras, junto al ex intendente Daniel Orozco, su pareja. La exclusión se resolvió por unanimidad del cuerpo. Ortiz fue electa en 2023, pero no llegó a ejercer.
La Cámara presidida por el cornejista Andrés Peti Lombardi fundó la medida en los artículos 91 y 65 de la Constitución Provincial, "tras constatarse la pérdida de las condiciones de idoneidad y elegibilidad requeridas".
La decisión llegó tras la sentencia dictada por la Justicia de Mendoza en el fuero penal contra Ortiz, que contempló una condena de tres años de prisión de ejecución en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La diputada fue hallada penalmente responsable de los delitos de peculado —en cuatro hechos bajo la modalidad de concurso real—, uso de documento público falso —en concurso real— y coacciones.
Los hechos condenados ocurrieron mientras ejercía como secretaria de Gobierno durante el gobierno municipal de Las Heras a cargo de Daniel Orozco (2015-2019 / 2019-2023). La investigación sobre esa gestión se activó junto a la ruptura política de Orozco con Alfredo Cornejo, de cara al armado de las listas para las elecciones del 2023, al final del segundo mandato del referente cobista del radicalismo lasherino.
Orozco y Ortiz saltaron de la UCR a La Unión Mendocina, de Omar De Marchi, perdieron el municipio y entraron en una peregrinación forzada por los tribunales.
Aventura fugaz
Ortiz fue electa diputada provincial en la primera sección electoral por La Unión Mendoza, en 2023.
Asumió en diciembre y en marzo de 2024 fue suspendida en el cargo por el plenario, a instancias del presidente cornejista, que condujo una estrategia destinada a desactivar una banca opositora el mayor tiempo posible.
Mientras transcurrió el proceso penal, la lasherina conservó el mandato, aunque despojada de la capacidad para ejercerlo. Lombardi fue el garante principal de esa situación, cuya principal derivación política favorecía a la hegemonía legislativa cornejista: con Ortiz suspendida, el oficialismo lidiaba con un opositor menos en la Cámara Baja.
El presidente de Diputados rechazó planteos para avanzar en la sustitución de la diputada suspendida sin márgenes para la negociación. El caso agitó la confrontación del cornejismo con uno de sus socios electorales circunstanciales: el Pro, de Omar de Marchi.
Apelación constitucional
El presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, indicó que el procedimiento contra Janina Ortiz constituye el primer expediente de expulsión de un legislador desde el año 1983.
Los legisladores debatieron los alcances de la medida en el recinto de sesiones. Andrés Lombardi remarcó que el cuerpo legislativo sustentó la medida en la sentencia firme emitida por los tribunales judiciales, en un intento por dispersar los ejes de la trama que alienta interpretaciones vinculadas a motivaciones políticas o valoraciones previas sobre los hechos investigados.
El diputado Mauro Giambastiani detalló el dictamen emitido por la comisión de Derechos y Garantías, el cual fundamentó la medida en la inhabilitación perpetua establecida por la Justicia de Mendoza para el desempeño de funciones estatales.
Banca vacante
La Legislatura de Mendoza notificó de manera inmediata a la Junta Electoral de la Provincia. El organismo electoral deberá indicar el nombre del ciudadano o ciudadana que corresponda incorporar de acuerdo con el orden establecido en la lista respectiva, para concretar la jura y asunción formal.
El despacho aprobado por el cuerpo legislativo abordó el reclamo interpuesto por Janina Ortiz en relación con el cobro de haberes y dietas devengadas durante el período de suspensión previa. La Cámara de Diputados ratificó en todos sus términos la Resolución Nº 1135/24, la cual dispuso en su momento la suspensión de la legisladora sin goce de haberes.
El diputado Julio Villafañe, titular de la comisión de Derechos y Garantías, argumentó que el reclamo por salarios adeudados resulta improcedente debido a la naturaleza de la sanción administrativa y a la normativa aplicable ante suspensiones por procesos penales.
En la misma línea, el diputado Lucas Ilardo acompañó el criterio sobre los haberes y señaló observaciones en torno a los plazos procesales transcurridos durante el trámite legislativo.
El interbloque Cambia Mendoza, a través del diputado Franco Ambrosini, ratificó el acompañamiento a la medida de exclusión y señaló que el proceso administrativo cumplió con las etapas institucionales correspondientes tras el avance de las causas en el fuero judicial.
Con la efectivización de la exclusión y la solicitud de reemplazo a la Junta Electoral de la Provincia, la Cámara de Diputados dio por concluido el procedimiento institucional vinculado a la banca de la legisladora Janina Ortiz.
