La Cámara de Diputados comenzará a tratar este miércoles reformas a la ley de semillas para restringir y penalizar el uso libre por parte de los agricultores. El gobierno nacional y las multinacionales del agronegocio como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y Bioceres impulsan la modificación de la norma, vigente desde 1973.
Segñun el diario BAE, el oficialismo tiene el apoyo del Peronismo Federal para la aprobación, pero no de otros sectores de la oposición.
La principal modificación apunta a limitar el llamado "derecho de uso propio". Hasta ahora, los productores compraban las semillas a las multinacionales, pero luego podían volver a sembrarlas de manera gratuita utilizando, para ello, la producción de su propia cosecha. Sin embargo, la legislación que se busca aprobar plantea el pago de regalías por la reutilización del producto en el marco de unos supuestos "derechos de propiedad intelectual".
Para eso fue necesario modificar la denominación de la semilla, que dejó de ser considerada como algo vivo (y por lo tanto no se le pueden establecer derechos de 'copyright') para ser entendida como "material vegetal".
De esta manera, el Instituto Nacional de Semillas será la autoridad de aplicación que, ante el pedido de las empresas, tendrá "acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre". El texto precisa que "podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley".
Es decir, tendría potestad para entrar a cualquier finca o chacra, decomisar semillas y multar a quienes no usen las semillas que están dentro del sistema de comercialización de las multinacionales.
Semillas bajo vigilancia
Entrevistada por RT, Tamara Perelmuter, licenciada en Ciencias Políticas e integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, explicó que con esta ley la reutilización de semillas "deja de ser un derecho libre y gratuito, tal como se estipulaba". No obstante, aclara que, formalmente, hay una excepción para dos tipos de agricultores: "aquellos inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y los pueblos originarios, pero no se aclara quiénes son ni quién lo define; y a su vez los productores que entran en la categoría de micropyme".
Lo que se negoció es que algunos artículos en particular sean de orden público pero no el artículo 27, que es el que aclara cuales son las excepciones. "Ya de por sí eso es bastante complejo porque hay un derecho que deja de serlo para ser una excepción, pero así y todo podría haber acciones o resoluciones de las empresas que lo violaran", completó la especialista.
#NoALaLeyMonsantoBayer
¿Por qué rechazar Ley de Semillas de Monsanto/Bayer? pic.twitter.com/nBmX6MnvFQ— #FueraMonsantoBayer (@Noamonsanto) 13 de noviembre de 2018
El abogado ambientalista Enrique Viale declaró a iProfesional que esta reforma legislativa se inscribe en un proceso que tiene más de 20 años. "Es la frutilla del postre que se inició en los años '90 con la irrupción de la soja transgénica", dijo Viale, añadiendo que "esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo de aquellos años e implica privatizar el sistema agropecuario argentino".
Resistencia en el Valle de Uco
La agrupación Crece desde el Pie, que reúne a productores de la agroecología en Valle de Uco, reclamó semanas atrás a la Municipalidad de San Carlos que disponga de un trozo de tierra para que los campesinos distribuyan sus semillas a la población.
“La idea es distribuir estas semillas que nos dan independencia. Las podemos guardar todos los años, son especies adaptadas a nuestra realidad. Queremos sumar variedades. Para eso pedimos un terreno de 500 metros cerca de la terminal, que es una zona clave para la distribución”, explicó Damián Moreno, de la organización, entrevistado por Comecuco.
Huerteros de Valle de Uco plantan resistencia por la distribución de semillas criollas
Crece desde el Pie pretende distribuir alimentos sanos y sus semillas a modo de defensa del avance de las multinacionales como Monsanto, que pugna por la modificación de la Ley deSemillas .
“Queremos alimentarnos con cosas sanas. Un maíz híbrido es sólo azúcar, mientras que el maíz criollo son vitaminas, proteínas, también azúcar, pero es un alimento más completo. Es de importancia histórica que esto se gestione desde el municipio. No pueden mirar para otro lado”, sintetizó Moreno.
Los peros de la Federación Agraria
La Federación Agraria Argentina solicitó a los legisladores una serie de reformas respecto al texto del dictamen firmado en noviembre de 2018, a fin de tener definiciones más claras y contundentes que den las garantías que necesitan los pequeños y medianos productores.
Las propuestas incluyen ampliar la cantidad de productores con derecho al uso propio gratuito. La FAA demanda que se asegure que todos los pequeños productores y la mayor cantidad posible de medianos productores sigan estando amparados por el derecho milenario al uso propio gratuito de sus semillas.
“Reclamamos a los diputados y diputadas el máximo esfuerzo para que en la ley quede plasmado un umbral de agricultores exceptuados mucho mayor al de 3,8 millones de pesos de facturación anual que se habían propuesto. Los legisladores deben entender que los obligados al pago deben ser de una escala que no afecte al pequeño y mediano productor, que moviliza con su trabajo cotidiano el interior profundo del país”, expresó la entidad agraria.
Agregaron que “cualquier ley de semillas que pretenda avanzar debe prohibir explícitamente y terminar con el nefasto sistema ‘Bolsatech’ creado por Monsanto”.
Fuente: Archivo Explícito/Parlamentario/RT
