El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados le impuso una sanción a la abogada Carolina Jacky tras una denuncia realizada por Andrés Di Césare -quien mató a Julieta González en septiembre de 2016-, quien en las redes sociales lo calificó como "femicida". Di Césare fue condenado por el homicidio, pero el tribunal no usó la figura de "femicidio" porque no tuvo en cuenta como agravantes los vínculos previos entre la víctima y su asesino.
Esta es la segunda ocasión en que se la intenta sancionar a Jacky. El año pasado la sometieron al tribunal por explicar en las redes sobre cómo proceder con la interrupción legal del embarazo contemplada por la ley de 1921.
Julieta González fue una de las víctimas de una semana negra en Mendoza con tres femicidios que movilizaron a organizaciones sociales, barriales, feministas y políticas en las calles. Tres años después, la sentencia de los jueces Jorge Cousirat, Mauricio Juan y Alejandra Ratto por el caso de Julieta González excluyó la figura de femicidio y concluyeron que fue un femicidio simple, razón por lacual el pliego de Juan, cuando buscó un ascenso a conjuez, fue impugnado. No obstante, el juez, postulado por Cornejo, obtuvo los votos en el Senado.
"El autor del homicidio fue considerado por la doctora Jacky como femicida. Esa palabra parece que lo ofendió, y en el transcurso del proceso penal consideró que la palabra era injuriante y vulneraba el principio de inocencia y con esas palabras lo consideraba autor del delito. Presentó una denuncia y el directorio del Colegio de Abogados corrió vista para que diera explicaciones, pero el directorio elevó la causa al Tribunal de Ética y le inició un sumario", explicó a radio La Mosquitera Carlos Lombardi, quien representa a la abogada en esta causa.
Lombardi remarco: "Consideramos que el Trubinal de Ética no tiene autoridad moral ni ética para cuestionar a la doctora Jacky. La primer causal es que no tiene la imparcialidad necesaria para juzgar a una defensora de los Derechos Humanos como la doctora Jacky porque están demandados por una mujer por violencia de género. La segunda causal de recusación es la violencia moral que ejerce contra una abogada de Derechos Humanos que está protegida por convenciones y organismos internacionales".
Evaluó el defensor que la causa debió archivarse y que se planteara una demanda del homicida por daños y perjuicios contra Jacky. "El Tribunal del Colegio de Abogados no puede ponerse a avalar institucionalmente posiciones discriminatorias hacia una abogada trans, a avalar todos los patrones culturales machistas que existen y siguen existiendo".
La defensa de la abogada pidió que la causa se derive ala sala administrativa de la Suprema Corte de Mendoza.
Esta es la nota completa a Lombardi:
