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El cornejismo volverá a operar como un satélite del plan libertario cuando se trate la ley que borra los límites a la venta de toerras a extranjeros: Javier Milei da por descontados los votos a favor de Mariana Juri y Rodolfo Suárez, senadores por Mendoza, en la sesión programada para el 6 de agosto.
Mientras se discuta la ley, afuera habrá un clima de máxima tensión política y social, con marchas afuera del Coongreso y en las principales ciudades del país, entre las cuales se apunta la Capital de Mendoza y también San Rafael.
El oficialismo necesita 37 votos para alcanzar la media sanción, pero el poroteo es ajustado y cada apoyo resulta decisivo. La definición de los mendocinos refuerza la estrategia de La Libertad Avanza, al mismo tiempo que abre un frente de críticas en sectores opositores y organizaciones sociales que denuncian un intento de “entrega colonial” del territorio argentino.
Un proyecto que elimina límites históricos
La iniciativa oficialista propone derogar la Ley 26.737, que establecía un tope del 15% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental. También prohibía que personas o empresas extranjeras adquirieran terrenos con cuerpos de agua, bosques nativos, zonas cordilleranas con minerales críticos o áreas fronterizas.
Con la nueva normativa, esos límites desaparecerían y se habilitaría la compra de tierras estratégicas por parte de capitales extranjeros. El oficialismo argumenta que la medida busca atraer inversiones, pero la oposición advierte que se trata de un riesgo para la soberanía y el acceso a recursos naturales esenciales como el agua y los minerales.
El tablero político
En la lista de senadores que ya confirmaron su apoyo figuran nombres clave del oficialismo y aliados, entre ellos Patricia Bullrich, Luis Juez, Bartolomé Abdala, además de los mendocinos Suárez y Juri. También se suman representantes del PRO como Martín Goerling, quien encabeza la bancada aliada.
Sin embargo, persisten dudas en la Unión Cívica Radical, donde senadores como Carolina Losada y Eduardo Vischi aún no definieron su postura, mientras que Maximiliano Abad anticipó su voto en contra. La incógnita se extiende a bloques provinciales como Provincias Unidas y Independencia, cuyos votos podrían inclinar la balanza.
El caso de Misiones es particularmente complejo: el gobernador Hugo Passalacqua ordenó votar en contra, pero los senadores responden políticamente a Carlos Rovira, quien suele alinearse con la Casa Rosada. La interna misionera amenaza con frustrar nuevamente la aprobación del proyecto, que ya naufragó en cuatro intentos anteriores.
La calle como factor de presión
El oficialismo enfrenta además un escenario de movilización social. Las dos CTA convocaron a marchar frente al Congreso bajo la consigna “Por la tierra y el agua”, mientras la CGT analiza sumarse. Organizaciones sociales, ambientalistas, sectores de la Iglesia y el Observatorio de Tierras de la UBA también adhieren a la protesta.
El cuarto intermedio solicitado por Patricia Bullrich el pasado 15 de julio dio tiempo a la oposición para organizar la movilización, que busca quebrar los apoyos al oficialismo. La presión social se apoya en un dato contundente: según un estudio de Zuban Córdoba, ocho de cada diez personas respaldan mantener los límites a la venta de tierras a extranjeros. El 77% considera necesario preservar las restricciones, mientras apenas el 16,7% se manifestó en contra.
EL 77% DE LOS ARGENTINOS ESTÁ A FAVOR DE LIMITAR LA COMPRA DE TIERRAS POR EXTRANJEROS 🌎
😊 77% de acuerdo
😔 16,7% en desacuerdo
🤔 6,3% no sabe📊 Adelanto de #DomingoDeDatos. @Zuban_Cordoba
📌 Ficha técnica: Nacional | 16-18/7 | N=1.400 | Error ±2,62% | 95% de confianza. pic.twitter.com/h7e9RdEKv9
— Gustavo Córdoba (Pre viaje del vocero) (@gustavolcordoba) July 27, 2026
Difícil de revertir para próximos gobiernos
La ley no solo modifica el régimen de tierras, sino también el de expropiaciones, al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las indemnizaciones. Esto dificultaría que futuros gobiernos recuperen activos estratégicos, como ocurrió en 2012 con la expropiación del 51% de YPF, que permitió impulsar el desarrollo de Vaca Muerta.
El oficialismo presenta estas reformas como parte de un paquete de modernización institucional, pero la oposición las interpreta como un blindaje para impedir que el Estado recupere recursos estratégicos.
El mapa de la extranjerización
El Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina, actualizado por la UBA y el CONICET en marzo de este año, ofrece una radiografía precisa: 5,02% del territorio nacional está en manos extranjeras, unos 13 millones de hectáreas, “equivalente a toda Inglaterra”. Pero la “letra chica” revela focos críticos donde la soberanía parece haber cedido. En ese mapa, Mendoza ocupa un lugar central, y un departamento se tiñe de rojo: Malargüe. No es casual, advierten en el Observatorio que la mayoría de las tierras codiciadas están en la frontera y son ricas en minerales o nacientes de agua.
Según los datos, de las 4.130.600 hectáreas rurales de la provincia, 608.739 están bajo dominio extranjero en Malargüe, lo que representa el 15% de la superficie total del departamento. Ese número coincide con el límite máximo que establece la Ley 26.737. En términos técnicos, Malargüe está “bloqueado” para seguir vendiendo tierras a manos extranjeras: no se puede vender ni un metro cuadrado más.
Agua, minerales y frontera
El informe del CONICET advierte que el capital extranjero ya no busca solo tierras fértiles, sino activos críticos vinculados a la crisis climática y energética global. En Malargüe, la posesión de la tierra coincide con tres factores clave:
- Recursos hídricos: las estancias extranjerizadas contienen cabeceras de cuenca y glaciares que alimentan los ríos del sur.
- Energía y minería: gran parte de esas 600.000 hectáreas se asientan sobre tierras ricas en cobre y potasio, en la frontera con Vaca Muerta.
- Seguridad de frontera: casi toda la superficie extranjerizada se encuentra en la Zona de Seguridad de Frontera, vulnerada por excepciones administrativas y triangulaciones societarias.
El estudio del Observatorio de Tierras indica que, según los datos actualizados a agosto de 2025, de las 4.130.600 hectáreas rurales que componen la provincia, 608.739 están bajo dominio extranjero en ese departamento.
La cifra representa el 15% de la superficie total del departamento. Ese número es el límite máximo —el "techo" legal— que establece la Ley 26.737 (Ley de Tierras) sancionada en 2011. En términos técnicos y jurídicos, Malargüe estaría "bloqueado" para seguir vendiendo tierras a manos extranjeras. Bajo la legislación vigente, no se puede vender ni un metro cuadrado más de tierra rural a un ciudadano o empresa extranjera en ese territorio.
