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Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration avanzan con la extracción de petróleo en aguas que Argentina reclama como plataforma continental. El proyecto operaría bajo licencias británicas sin autorización de autoridades argentinas, violando la Ley 26.659 que prohíbe actividades hidrocarburíferas no autorizadas en territorios en disputa de soberanía.
El yacimiento Sea Lion fue descubierto en mayo de 2010 por Rockhopper Exploration. Se ubica a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a una profundidad de 450 metros, en las licencias PL032 y PL004b.
La operación estuvo paralizada durante más de una década posterior al descubrimiento. Rockhopper mantuvo el proyecto en estudios técnicos y evaluaciones económicas, enfrentando dos limitantes principales. Los costos de desarrollo, que rondaban entre 2.100 y 3.000 millones de dólares, en paralelo con caídas del precio internacional del crudo entre 2014 y 2016 que hacían inviable la ejecución de un proyecto de esa escala.
A principios de 2020, la empresa israelí Navitas Petroleum ingresó al proyecto al adquirir una participación del 30 por ciento. A través de los años, Navitas aumentó su posición accionaria hasta convertirse en operadora y titular del 65 por ciento del proyecto. Rockhopper retuvo el 35 por ciento restante y cotiza en la Bolsa de Londres bajo el código RKH.
La aceleración final
En diciembre de 2025, ambas empresas anunciaron la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés). Este anuncio implica que los estudios técnicos, evaluaciones económicas y financieras fueron completados, y el proyecto transitó hacia una etapa de ejecución concreta.
Según informes de Rockhopper, en junio de 2026 el proyecto fue formalizado como etapa de desarrollo. El financiamiento fue cerrado y las obras de infraestructura comenzaron en las islas. Navitas reportó avances en la construcción de muelle y base terrestre, fabricación de equipamiento, y contratación de la nave FPSO Aoka Mizu para almacenamiento y producción de crudo.
En agosto de 2026, Navitas activó la compra de un segundo buque FPSO denominado OSX-1 por aproximadamente 125 millones de dólares, para acelerar la explotación del área central del yacimiento. Esta ampliación requeriría una inversión adicional cercana a 3.000 millones de dólares.
El cronograma proyecta perforar a comienzos de 2027 y extraer petróleo en el primer trimestre de 2028. La producción podría alcanzar picos de 50.000 a 55.000 barriles diarios. Las dos primeras fases reúnen 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.
La normativa argentina que cuestiona el proyecto
La Ley 26.659, conocida popularmente como "Ley Pino Solanas" en referencia al cineasta y exsenador que la impulsó, fue sancionada el 16 de marzo de 2011 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El artículo 1 de la ley establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo pueden realizarse observando las condiciones establecidas en la normativa y en las leyes y reglamentos vigentes. Aunque la ley no menciona expresamente a las Islas Malvinas, fue sancionada en contexto directo de las actividades de exploración hidrocarburífera realizadas por el Reino Unido en espacios marítimos cuya soberanía es reclamada por Argentina.
El artículo 2 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o esté autorizada a operar en la República Argentina, junto con sus accionistas, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina.
La prohibición alcanza también a quienes contraten, realicen transacciones, actos de comercio u operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoría con personas que desarrollen tales actividades sin autorización. Asimismo, prohíbe tener participación directa o indirecta en empresas que realicen exploración o explotación no autorizada.
El artículo 3 establece que la autoridad de aplicación procederá, previo proceso administrativo, a inhabilitar por un plazo de cinco a veinte años a las personas físicas o jurídicas que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 2. Las sanciones administrativas se aplican sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.
Endurecimiento de la ley
La ley fue modificada en 2013 a través de la Ley 26.915, que reforzó el régimen existente con cobertura ampliada. El artículo 5 establece que el Estado nacional, los estados provinciales y municipales no podrán contratar con personas o empresas que desarrollen tales actividades sin habilitación.
En términos penales, explorar o explotar hidrocarburos sin autorización del lecho o subsuelo marino se castiga con prisión de diez a quince años, junto con multa equivalente a entre 150.000 y 1.500.000 barriles de petróleo crudo con capacidad de cuarenta y dos galones estadounidenses.
La norma también establece que el Estado nacional, los estados provinciales y municipales no podrán contratar con personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina. En caso de que esas personas o empresas posean concesiones hidrocarburíferas, las mismas se revertirían al Estado nacional o a los estados provinciales, según el ámbito territorial.
La Cancillería Argentina ha señalado que como resultado de la política de aplicación de estas leyes, ninguna de las grandes empresas petroleras internacionales con sede u operaciones en Argentina ha participado en actividades en zonas en disputa. Esta ausencia de participación de majors ha dejado el proyecto Sea Lion en manos de operadores de escala intermedia.
En 2013, Rockhopper fue inhabilitada por la Secretaría de Energía argentina para operar en el país. En 2022, Navitas Petroleum fue declarada inhabilitada también por la Secretaría de Energía, con una prohibición de veinte años para realizar cualquier actividad en territorio argentino.
La respuesta del gobierno argentino
El 3 de septiembre de 2026, el presidente Javier Milei salió en cadena nacional de radio y televisión para cuestionar el avance del proyecto Sea Lion. El mandatario anunció una batería de medidas destinadas a reforzar las acciones contra la explotación de hidrocarburos en zonas cuya soberanía Argentina reclama.
Milei expresó: "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora". El presidente advirtió que Sea Lion es solo uno de los proyectos que avanzan en las islas, indicando que "existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina".
El gobierno firmó el Decreto 868/2026, que modificó procedimientos administrativos de la Ley 26.659 y trasladó competencia a la Cancillería. El decreto instruye a organismos públicos a informar sobre incumplimientos de la ley.
El gobierno anunció el envío al Congreso de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional" para modificar la Ley 26.659 y ampliar su alcance a nuevos sujetos y actividades, cerrando vacíos legales con operaciones como Sea Lion.
Advertencia general
La Cancillería argentina envió aproximadamente 180 notas diplomáticas a más de 29 países, dirigidas a empresas proveedoras de servicios técnicos, logísticos, financieros y de consultoría, así como a gobiernos, advirtiendo sobre las consecuencias de participar en actividades conexas con Sea Lion.
Milei también anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia complementario para ampliar el presupuesto del Ministerio de Defensa. Los recursos se orientarán a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y a la mejora de telecomunicaciones en el Atlántico Sur.
El Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a acelerar las sanciones contra las compañías y personas vinculadas con la exploración y explotación de recursos en las Islas Malvinas y espacios marítimos en disputa sin autorización de Argentina.
Impacto en empresas y mercados
Inmediatamente después del anuncio de Milei, las cotizaciones de ambas empresas registraron bajas. Las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron 6,5 por ciento en la Bolsa de Londres. Los títulos de Navitas Petroleum cayeron aproximadamente 2,3 por ciento en la Bolsa de Tel Aviv.
Grandes empresas petroleras internacionales con operaciones significativas en Argentina —como Shell, TotalEnergies, Equinor, SLB y Halliburton— enfrentan un dilema regulatorio. Una participación directa o indirecta en Sea Lion comprometería sus negocios en Argentina, en particular sus inversiones y contratos en Vaca Muerta, la formación no convencional más grande de Sudamérica fuera de Brasil. Las sanciones previstas en la Ley 26.659 podrían inhabilitarlas de operar en el país por períodos de hasta veinte años, además de las multas equivalentes a millones de barriles.
La arquitectura legal fue diseñada para desalentar a operadores con presencia nacional de participar en territorios en disputa. La estrategia demostró ser eficaz: ninguna de las majors internacionales ha asumido participación en Sea Lion u otros proyectos en Malvinas.
Esta situación actuó como desincentivo para que los operadores de mayor escala asumieran participación en el proyecto. Navitas y Rockhopper son empresas de escala intermedia que asumieron el riesgo político y comercial que las grandes compañías internacionales prefieren evitar, dado que carecen de operaciones significativas en Argentina.
Otros proyectos en disputa
Sea Lion no es el único proyecto de extracción en aguas de las Islas Malvinas. La empresa Borders & Southern Petroleum opera en las áreas PL018, PL019 y PL020, ubicadas al sur del archipiélago. La empresa reportó resultados positivos en el pozo exploratorio Darwin East-1, que confirmó la presencia de hidrocarburos.
Rockhopper también posee licencias en las cuencas sur y este de las islas, adquiridas mediante la compra de Falkland Oil and Gas Limited. Mantiene una participación del 52 por ciento en terrenos operados por Noble Energy, aunque ambas empresas notificaron su retirada tras los resultados del pozo Humpback.
El gobierno británico de las Islas Malvinas ha otorgado 17 licencias a cinco empresas en total. A fin de año 2026 vencen las licencias, y las autoridades británicas deberán decidir sobre prórrogas, retiro de áreas o licitación a nuevas empresas.
Desde el punto de vista de Argentina, todos estos proyectos constituyen violaciones de la Ley 26.659 por operar sin autorización de autoridades nacionales en territorio cuya soberanía es reclamada por el Estado argentino.
