El gobierno de Rodolfo Suarez apuró la promulgación y publicación en el Boletín Oficial de la Ley 9210. Es la que derogó la Ley 9209, que flexibilizaba los límites ambientales para la industria minera establecidos en la Ley 7722.
El Ejecutivo aceleró los trámites para que la Ley sancionada en sesiones consecutivas del Senado y Diputados, el lunes, entrara en vigencia al día siguiente. Con ello, restituyó el imperio de la Ley 7722 en todos sus términos. La derogación de la Ley pro minera de Suarez se oficializó ocho días después de ser promulgada por el mandatario.
La publicación en el Boletín Oficial formalizó la derrota de Suarez en la primera pelea que dio como gobernador. Se autoinflingió un golpe letal con una iniciativa que presentó a horas de asumir el cargo. Priorizar los intereses de la renta minera llevaba implícita una confrontación con parte de la sociedad. Suarez creyó que bastaba con un acuerdo de cúpulas con el peronismo para salir airoso. Se equivocó. Confundió el peso de su electorado con el del apoyo social para la flexibilización de las restricciones a la minería.
El gobernador supuso que el 52 por ciento que obtuvo en las elecciones lo apoyaba en su cruzada prominera. Así lo expuso mientras duró la confrontación con los defensores de la Ley 7722. Cuando descubrió que las manifestaciones en su contra también reunían a sectores de su electorado, ya era tarde para cualquier cosa distinta a la capitulación.
La resistencia popular se llevó puesta la legitimidad de la ley impuesta por las cúpulas de los partidos mayoritarios. La magnitud del daño para el gobernador es incalculable, se irá definiendo con el paso del tiempo.
Suarez invirtió su capital político, indexado por la apabullante victoria electoral con más del 50 por ciento de los votos, en la construcción del consenso para eliminar las restricciones ambientales a la minería metalífera, en línea con las exigencias de las operadoras del sector para encarar la explotación de áreas en la Provincia. Se jugó por el extractivismo a todo o nada. Supeditó a su desarrollo las posibilidades de crecimiento y generación de empleo. Colocó a la minería metalífera en el eje de su política económica.
