El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, pidió en el lanzamiento de la Mesa Nacional y Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino que haya "políticas y un régimen jurídico claro y estable que ofrezca certeza y previsibilidad a los inversores" como parte de un plan para desarrollar la minería en Mendoza.
El jefe comunal fue el referente que estuvo presente por Mendoza -Rodolfo Suarez no participó, aunque es conocido su interés por relanzar la minería en contexto más favorable al de diciembre de 2019- y en el foro, que encabezó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volvió a emprender contra la Ley 7722.
Dijo que es increíble que Malargüe "no pueda explotar su impresionante potencial minero por una ley provincial”.
Ojeda fue y es uno de los mayores lobbistas contra la Ley 7722 -que impide el uso de tóxicos en la minería metalífera- y cuando Suarez no pudo imponer la ley para legalizar el cianuro fustigó al mandatario por haber permitido la manifestación de miles de personas en las calles y rutas de toda la provincia."La anarquía ganó las calles", le espetó.
Días atrás, ante Kulfas y mandatarios de seis provincias, Ojeda sostuvo: “Los egresados de nuestros colegios técnicos mineros, muy bien preparados, no pueden llevarlo a la práctica aquí porque el desarrollo minero está vedado. Desde que asumimos definimos una estrategia y una política de largo plazo para la industria minera para el departamento. Aquí hay conciencia minera y también ambiental y licencia social para esta convivencia".
"Podemos contar con altos estándares de gestión, control ambiental y transparencia del manejo de las rentas públicas generadas por la actividad; lograr beneficios para las zonas donde se producen los desarrollos mineros; lograr una comunicación con la sociedad y todos los actores involucrados, con información de calidad y la promoción del desarrollo sectorial, consensuando medidas importantes para atraer inversiones. Nosotros podemos transformarnos en un punto de partida, ser la demostración que podemos hacer bien la tarea esta política de estado”, postuló Ojeda.
Luego entre los ejes que propuso para desarrollar la megaminería, mencionó la necesidad de "un marco de políticas y un régimen jurídico claro y estable que ofrezca certeza y previsibilidad a los inversores, los ciudadanos, Estado Nacional y Estados Provinciales".
