Diciembre de 2019 en Mendoza. Noviembre de 2020 en Chubut. Abril de 2021 en Andalgalá, Catamarca. En todos estos hitos hay un lugar común: resistencia social a la megaminería y una misma matriz desde el poder para perseguir, reprimir y criminalizar a los que se oponen al extractivismo a gran escala.
En los últimos días las escenas de allanamientos, detenciones e imputaciones a vecinos y ambientalistas se situaron en Andalgalá, donde la minera Agua Rica pretende extraer oro, cobre y plata en el sector sur de la Sierra del Aconquija, reservorio de glaciares y cumbres nevadas, bsques y yungas, además de una gran riqueza de flora y fauna.
El sábado más de 4000 personas participaron de la caminata N° 584 por Andalgalá en defensa de la vida y contra el inicio del proyecto minero en la ciudad. Estas caminatas se hicieron siempre de manera pacífica. Sin embargo, luego de la manifestación, un grupo de personas incendió oficinas de la empresa Agua Rica y un local del partido justicialista.
Tras esos episodios, la policía de la provincia -gobernada por Raúl Jalil, del PJ- realizó allanamientos y detenciones a ambientalistas. La persecución, intimidación y criminalización a vecinos y asambleístas continuó en los últimos días.
El CELS pidió que se investigue "con urgencia las denuncias sobre violencia en los allanamientos y hostigamiento e intimidaciones por parte de la policía, quienes filmaron y se apostaron con armas largas frente a las casas de otres asambleístas que no fueron detenides".
“En Andalgalá, Catamarca, desde hace unos días se están allanando casas y están encarcelando a compas de las asambleas sin ningún tipo de justificación judicial. Esta noche allanaron y encarcelaron a más compañeros defensores del territorio del extractivismo minero”, denunció en la noche de este miércoles la Asamblea El Algarrobo.
La pueblada por la 7722
En Mendoza la pueblada del agua -cuyo punto mayor fue la marcha que culminó en Casa de Gobierno el 23 de diciembre– fue reprimida por Rodolfo Suarez (UCR-PRO). Con infiltrados entre los manifestantes lograron dispersar la enorme masa de vecinos y asambleístas que había llegado a la Capital y a partir de allí hubo una cacería policial, detenciones a mansalva, balazos de goma que se extendieron en pleno centro.
Después de eso, Suarez desplegó una artillería de propaganda contra los manifestantes, enfilgándoles a los manifestantes una violencia que no exhibieron a lo largo de una gigantesca marcha bajo el sol ardiente de diciembre.
Uno de los detenidos por la policía contó al ser liberado que las mismas personas que nadie conocía durante la manifestación estuvieron luego a cargo de las detenciones que el jefe de la Policía, Roberto Munives, anunció en televisión.
Chubut, otro bastión de resistencia
Tal como ocurrió en Mendoza con la persecución y la criminalización de los defensores de la Ley 7722 -a quienes se les iniciaron causas judiciales y el gobierno tildó de “ecoterroristas” y de violentos- los vecinos y asambleístas que se resisten a la megaminería en Chubut soportaron en noviembre de 2020 una avanzada del gobierno de Mariano Arcioni (PJ).
Fue después de que el mandatario anunciara el envío de un proyecto de zonificación minera para la meseta.
Arcioni anunció la zonificación después de que las asambleas presentaran un proyecto de ley para ampliar la 5001 con la participación de 48 comunas. Ni bien lo anunció toda la provincia se movilizó con miles de vecinos en las calles.
Chubut se levanta contra el impulso a la megaminería anunciado por Arcioni
Luego de movilizaciones en rechazo a la megaminería, la policía de Chubut allanó los domicilios de activistas del “No la mina”. “El Gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut. El operativo fue encabezado por el ministro de Seguridad, Federico Massoni.
