En línea con las multas a los gremios que se manifiestan en las calles, la justicia imputó a tres docentes que el 4 de junio de 2018 participaron de una protesta frente a la Secretaría de Trabajo por la reapertura de paritarias. Se trata de tres miembros del Secretariado Ejecutivo Provincial del SUTE: Alejandra Castelli, Pablo Massutti y Martín Dalmau.
Esta imutación se suma a las múltiples multas que aplica la Municipalidad de Capital cada vez que una manifestación levanta las banderas en contra del ajuste de las políticas económicas del macrismo. Blandiendo el Código de Convivencias, los gremios son los que encabezan las multas por manifestarse en las calles para visibilizar los reclamos.
La instancia judicial asciende un peldaño en la criminalización de la protesta, entiende el gremio de los maestros y quien los representa en esta causa, Pablo Salinas.
"No se entorpeció el transporte ni hubo daños. Fue una manifestación pacífica que no afectó derechos de terceros", indicó Salinas sobre el proceso judicial. El abogado pedirá la nulidad del procedimiento, según adelantó en Canal 9.
"Hace unos días, fuimos notificados de la imputación de tres docentes, dos compañeros y una compañera miembros de este secretariado -indicó Sebastián Henriquez, titular del gremio-. Van a decir que es por interrumpir el tránsito, pero en realidad lo que se está convirtiendo en delito es protestar. El 4 de junio de 2018 éramos cientos sesionando en un plenario frente a la Subsecretaría de Trabajo, en representación de miles de escuelas. Pedíamos una instancia institucional de diálogo, como es la paritaria. No robamos. No rompimos. No causamos perjuicios. Pero la fiscal gasta tiempo y los recursos del Estado para mandar a policías a meterse en nuestros Facebooks. Mientras, crecen las bandas en los barrios, las escuelas están inseguras y algunas terminan incendiadas. Pero ahí no hay avances de la justicia ”.
El Gobierno de Mendoza envió la policía para desactivar la protesta ese día, situación de la cual quedaron registros audiovisuales:
Agregó Henríquez: “Este sindicato paga miles de pesos en multas por movilizarse. ¿Cuántas multas pagan los funcionarios del Estado por cada día que pierde clases una escuela sin gas o sin agua porque no cumplieron con su obligación? ¿Qué fiscal los imputará por violar las leyes más importantes del orden y la convivencia en una sociedad como son las leyes que exigen el cumplimiento de cosas básicas en una escuela para garantizar el derecho a la educación? Los 180 días de clases son ley. La ley también exige gas en las escuelas. Pero no se cumple. Y no tiene consecuencias para los responsables. Pero sí tiene consecuencias para generaciones enteras. Eso sí genera perjuicios, daños profundos y duraderos. Y no una concentración pacífica de dos horas. El gobierno nos quiere dar una lección, que es la única que repite: la del miedo. Pero no van a lograr que la aprendamos.”
