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La noche del 2 de marzo de 2016, en La Esperanza, Intibucá, el silencio fue roto por disparos que pretendían sepultar una resistencia indígena que se había convertido en el mayor obstáculo para el poder corporativo en Honduras. Berta Cáceres Flores, coordinadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), lideraba la defensa del río Gualcarque frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras), integrado por Roxanna Altholz, Pedro Biscay y Ricardo Guzmán, revela que su muerte fue una operación criminal de precisión.
Un crimen anunciado y la omisión estatal
La investigación del GIEI desmonta la narrativa de un hecho fortuito. El Estado hondureño tenía información para evitar el crimen. Mediante interceptaciones telefónicas, las autoridades detectaron cómo Mariano Díaz Chávez —militar activo— coordinaba la logística. Pese a que Berta Cáceres contaba con medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), el Estado no actuó, incurriendo en una falta grave de debida diligencia.
La ingeniería financiera del sicariato
Uno de los hallazgos más crudos es la arquitectura financiera que hizo posible el asesinato. Fondos provenientes de bancos internacionales de desarrollo, como el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y el FMO (Banco de Desarrollo Holandés), destinados a la energía limpia, terminaron financiando actividades ilícitas. El informe señala que aproximadamente el 67% de los fondos ejecutados por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) presentaron manejos irregulares.
Se documentó que empleados de bajo rango de DESA cobraron cheques en efectivo para pagar a la célula sicarial. Este mecanismo de «caja chica» para el crimen era coordinado, según el análisis de comunicaciones, por figuras como Douglas Bustillo y Sergio Rodríguez.
Responsabilidad de la estructura corporativa
El informe es contundente al señalar una «motivación empresarial». Berta Cáceres fue identificada como un «obstáculo estratégico» por los directivos de DESA. El análisis de datos vincula a miembros de la familia Atala (accionistas mayoritarios) y a Roberto David Castillo (presidente ejecutivo de la empresa) en la toma de decisiones que desembocaron en la violencia. El GIEI identificó un grupo de coordinación donde se planificaba el seguimiento contra la defensora y, tras el crimen, se gestionaba la impunidad mediante influencias en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Impacto en el Pueblo Lenca y el COPINH
El daño causado trasciende la pérdida física. Para el Pueblo Lenca, el asesinato buscaba quebrar la conexión espiritual con su territorio. Tras la muerte de la lideresa, el COPINH y los familiares de la víctima, incluyendo a sus hijas y a Gustavo Castro (único testigo del ataque), enfrentaron campañas de estigmatización y persecución judicial orquestadas desde las estructuras de poder.
Hacia una reparación integral
El GIEI concluye que, aunque existen condenas contra autores materiales, persiste un «núcleo de impunidad» respecto a otros determinadores. Entre sus recomendaciones principales, el informe exige:
La cancelación definitiva de la concesión del río Gualcarque.
La disolución legal de la empresa DESA por ser utilizada como vehículo para delitos graves.
El saneamiento del territorio ancestral de Río Blanco.
Berta Cáceres solía decir «el río Gualcarque nos llamó». El informe del GIEI es hoy el eco de ese llamado: una prueba documental de que la defensa de la naturaleza se enfrenta a un sistema donde el capital y el Estado se fundieron para intentar acallar una voz que sigue sembrada en el agua.
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