Criminalización de la protesta

La Justicia sobreseyó a tres maestros imputados por protestar junto a estudiantes en una escuela

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Docentes y sindicalistas junto a Pablo Salinas, el abogado que lleva las causas de imputaciones a los docentes. Foto: SUTE

La Justicia sobreseyó este miércoles a los docentes Patrick Boulet, Gabriela Díaz y Miguel Sarmiento, imputados por acompañar la toma pacífica de los/as estudiantes del IES 9-002 durante las protestas en agosto de 2018 contra el Decreto 530 en Nivel Superior.

“Este hecho sienta precedente y jurisprudencia. Continuaremos la lucha contra la criminalización de la protesta. Seguiremos exigiendo el desprocesamiento de Alejandra Castelli, Pablo Massutti y Martín Dalmau y el cese de toda persecución y adoctrinamiento”, señaló el gremio de los docentes al respecto.

Los docentes fueron representados por Pablo Salinas, quien lleva también otras causas de criminalización de las protestas docentes por las cuales están imputados otros docentes y gremialistas.

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El decreto contra el que protestaron estudiantes y alumnos creó la Coordinación General de Educación Superior (CGES), a cargo de Emma Cunietti, eliminando la anterior Dirección de Educación Superior.

Alumnos y estudiantes protestaron por la potestad de la Coordinación para “elaborar criterios que justifiquen la necesidad de prestar servicio educativo de Nivel Superior en una zona territorial determinada, mediante la apertura de sede o anexo del establecimiento educativo (…) Revisar y disponer la pertinencia y necesidad de la continuidad del servicio educativo de nivel superior que se presta en las sedes o anexos existentes a la fecha del presente decreto, con atribuciones para proceder a su reorganización y continuidad justificada en el criterio de necesidad de la oferta educativa en la zona territorial en la cual se establece la sede o anexo”.

La Coordinación dirigida por Cunietti se encarga también de controlar que cada jurisdicción determine anualmente qué carreras son consideradas prioritarias según “las necesidades de desarrollo de las economías regionales”, regulando también las ofertas de educación a distancia.

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