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En el marco del 50º aniversario de la última dictadura cívico-militar, Argentina enfrenta un momento de tensión en su legado de memoria, verdad y justicia. Un grupo de relatores de Derechos Humanos de la ONU lanzó una advertencia contundente: el país, considerado durante décadas un referente mundial en justicia transicional, atraviesa un deterioro preocupante bajo la presidencia de Javier Milei.
Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se destacó por políticas pioneras que marcaron un camino único en la región y en el mundo. La creación de la CONADEP, el histórico Juicio a las Juntas, la condena de más de mil responsables de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la restitución de la identidad de decenas de niños apropiados fueron hitos que consolidaron un legado de lucha contra la impunidad. A ello se sumaron la apertura de archivos, la construcción de sitios de memoria y el acompañamiento a las víctimas.
Sin embargo, los expertos advierten que ese camino hoy se encuentra amenazado.
Medidas regresivas desde 2024
Los relatores señalaron que, desde que Milei asumió, el Gobierno adoptó medidas regresivas que debilitan los pilares de la justicia transicional. Entre ellas, mencionaron la reducción del rol del Estado en la promoción de investigaciones penales, la obstrucción del acceso a archivos de la dictadura y el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la memoria y la búsqueda de personas desaparecidas. También alertaron sobre el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas.
“Estas medidas socavan los cimientos de la democracia y el Estado de derecho”, advirtieron en un comunicado. La preocupación se transmitió en seis ocasiones al Ejecutivo, sin que hasta ahora se hayan revertido las decisiones cuestionadas.
Negacionismo y discursos de odio
El retroceso no se limita al plano institucional. Los relatores expresaron alarma por la proliferación de discursos negacionistas y revisionistas en espacios públicos, así como por la glorificación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Señalaron que las descalificaciones hacia las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, junto con la estigmatización de las políticas de memoria, constituyen un retroceso alarmante.
“Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas constituye una violación de los derechos humanos”, subrayaron. En este sentido, pidieron a las autoridades abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio, recordando que el Estado argentino tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Rumores de indultos
La preocupación se intensificó en las últimas semanas, cuando comenzaron a circular rumores sobre posibles indultos a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Los expertos fueron categóricos: “Los indultos por graves violaciones de derechos humanos están estrictamente prohibidos por el derecho internacional”.
Recordaron que Argentina ya atravesó en los años noventa un proceso de impunidad con las leyes de obediencia debida y punto final, y que repetir ese error sería devastador para la credibilidad del país. “Argentina no puede cometer el mismo error otra vez”, remarcaron.
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Un legado en disputa
Las advertencias de la ONU llegan en un momento simbólico: medio siglo después del golpe de Estado de 1976, el país enfrenta una encrucijada entre preservar su legado histórico o retroceder en conquistas que marcaron a generaciones. La comunidad internacional observa con atención, consciente de que lo que ocurra en Argentina tendrá repercusiones más allá de sus fronteras.
Los expertos recordaron que su labor es independiente y voluntaria, y que sus observaciones no representan necesariamente a la ONU en su conjunto. Sin embargo, el peso de sus palabras refleja la magnitud de la preocupación global por el rumbo que ha tomado el país.
