A través de sus abogados, las víctimas de los abusos en el Instituto Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, repudiaron las declaraciones de "solidaridad" que emitió el Arzobispado de Mendoza ante el inminente inicio del juicio del caso, el lunes próximo.
Dos curas -Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59)- y un empleado -Armando Gómez (49)- serán los primeros en sentarse en el banquillo. En otra instancia se juzgará a dos monjas, la regente del colegio, y personal administrativo y docente involucrados como partícipes necesarios o cómplices de de los abusos sexuales.
"Lo que han relatado estas personas ha horrorizado, y con razón, a toda la sociedad mendocina. Así lo hemos experimentado en nuestras comunidades cristianas", manifestó la institución católica este viernes a través de un comunicado.
Horas después las víctimas tildaron de "demagógicas" y contradictorias estas expresiones. Y señalaron que hubo un ataque a las víctimas por parte de los referentes de la curia durante la investigación. Además acusaron a las autoridades de la iglesia en Mendoza de practicar una "maliciosa negativa de los hechos".
La representación de las víctimas y sus familiares es llevada adelante por Xumek, la organización protectora de Derechos Humanos, que acusó a las máximas autoridades eclesiásticas de mantener "una conducta negadora e hipócrita frente a lo ocurrido en dicha institución católica no reconoce el alcance de los delitos cometidos, ni ha adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y niñas acogiendo políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos".
Este es el comunicado completo de Xumek:
Nos sentimos en la obligación de realizar algunas consideraciones en cuanto lo manifestado en el comunicado del Arzobispado de Mendoza del día de la fecha con motivo del inminente inicio del juicio del “caso Próvolo”, siendo los miembros de nuestra asociación representantes de parte de las víctimas de dicha causa.
Por esto, debemos rechazar las demagógicas expresiones de solidaridad y cercanía vertidas, dado que se encuentran alejadas del actuar por parte de las autoridades eclesiásticas, por los siguientes motivos:
1.- En primer lugar, por su falta de colaboración desde un inicio con el Ministerio Público Fiscal en la investigación, omitiendo aportar pruebas, compartir los documentos del procedimiento eclesiástico y haciendo caso omiso a los pedidos realizados por la justicia, desde el 15 de mayo de 2017 a través de una orden impartida por el Sr. Fiscal al Cura investigador Dante Simón en expediente principal P-118.324/16. Producto de la falta de respuesta, dicho sacerdote fue denunciado junto al cura Alberto BOCHATEY en la causa P-28.476/18 por obstrucción de la justicia (se acompaña copia de la respuesta a un e-mail enviado a BOCHATEY en la cual manifiesta su negativa a colaborar contrariando el derecho de acceso a la información pública).
2.- En segundo lugar, por los constantes ataques a las víctimas expresados públicamente en lo medios de comunicación por los miembros de la Iglesia Católica en los cuales se cuestiona la veracidad de los testimonios brindados por los/las ex alumnos/as (declaraciones dadas por los curas investigadores Dante Simón y Alberto BOCHATEY).
3.- En tercer lugar, por la sorpresiva venta a un precio irrisorio del establecimiento donde se encontraba el Instituto Próvolo a la Municipalidad de Luján de Cuyo, dificultando, en consecuencia, el esclarecimiento de los hechos y alterando los derechos de las víctimas a ser reparadas.
4.- En cuarto lugar, por la maliciosa negativa de los hechos y de la condición de víctimas en el ámbito de la justicia civil donde las mismas llevan a cabo sus reclamos en contra del Arzobispado y la Asociación Obra San José, en particular manifestando que los hechos no existieron y que no fueron víctimas de abusos sexuales.
Por todo esto, las autoridades del Arzobispado de Mendoza, con una conducta negadora e hipócrita frente a lo ocurrido en dicha institución católica no reconoce el alcance de los delitos cometidos, ni ha adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y niñas acogiendo políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos. Todo ello lleva a un permanente atentado contra la dignidad y la personalidad de quienes representamos y acá, nuevamente, denunciamos.
Acompañaron el comunicado con una imagen correspondiente a un mail enviado por Bochatey en el que se niega a colaborar con la investigación:
Hitos de la causa
La investigación comienza a partir de una denuncia penal a finales del año 2016, realizada por una víctima y testigo de múltiples abusos sexuales en el Instituto religioso para niños sordos Antonio Próvolo.
Noviembre 2016: Días después de realizada la mencionada denuncia, Xumek presenta un amicus curiae en el cual recomienda a la fiscalía de Instrucción que durante la investigación penal se apliquen normativa nacional e internacional sobre protección integral para personas con discapacidad; a su vez, mediante la secretaría de Litigio Estratégico, Xumek se convierte en representante de la querella, defendiendo los intereses de víctimas y familiares.
Diciembre 2016: Se conocen los antecedentes del cura Nicola Corradi, quien había sido trasladado desde Verona a nuestro país en 1984, luego de múltiples abusos a niñxs en Italia.
Abril 2017: Se dicta el pedido de captura contra una monja que cumplía funciones de cuidadora en el albergue, Kosaka Kimuko, acusada de participar en los abusos. Fue detenida y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.
Abril 2018: Se presenta una denuncia contra enviados del Vaticano por parte de los abogados de la querella, entre ellos Lucas Lecour y Sergio Salinas (presidente y vicepresidente de Xumek, respectivamente), a Dante Simón y Juan Martínez, por disponer de información esencial para la agilización en el esclarecimiento de los casos y no haber proporcionado la misma a la Justicia.
Julio 2018: La jueza de garantías, Alejandra Alonso, no hizo lugar al pedido de nulidad presentado por la defensa de uno de los imputados, Armando Gómez. Al mismo tiempo presentó sus conclusiones sobre el proceso e informó que la causa será elevada a juicio, para juzgar a los 4 primeros imputados (Armando Gómez, Jorge Bordón ex administrativos del instituto y los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi).
Abril de 2019: Kosaka Kumiko, una de las monjas imputadas por los abusos en el instituto Próvolo, recuperó la libertad previo pago de una fianza de $2 millones. El tribunal que la liberó se hizo eco del argumento del abogado de la monja, Carlos Varela Álvarez, quien dijo que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
