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El Gobierno argentino inició gestiones ante Estados Unidos para modificar las condiciones del acuerdo bilateral de comercio e inversiones firmado este año. La intención de la administración nacional es equiparar los compromisos entre ambas partes y asegurar mayores facilidades de acceso para los productos exportables locales en el mercado norteamericano.
El convenio, firmado en febrero de 2026, otorgó exenciones arancelarias inmediatas a cientos de bienes producidos en Estados Unidos, además de concesiones en materia de propiedad intelectual, normas sanitarias y facilidades en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Sin embargo, las contraprestaciones a las que se comprometió la administración estadounidense conducida por Donald Trump quedaron redactadas bajo términos no vinculantes. Esta diferencia formal derivó en que las exenciones para productos argentinos permanezcan sujetas a revisiones posteriores sin garantías de ingreso directo.
Ante este escenario, funcionarios de la gestión del presidente Javier Milei solicitaron la apertura de conversaciones para incorporar cláusulas vinculantes. El reclamo central apunta a la fijación de mayores cuotas y exenciones definitivas para la entrada a suelo estadounidense de carne vacuna, acero, aluminio y diversos bienes agrícolas.
El objetivo planteado por la representación argentina es amortiguar el impacto del déficit comercial y consolidar los volúmenes de venta en los rubros donde el país mantiene capacidad exportadora.
Rechazo a la renegociación en Washington
La postura transmitida por la representación diplomática de Estados Unidos rechaza de manera tajante cualquier posibilidad de reabrir el texto firmado en febrero. Desde el área de comercio de la Casa Blanca sostuvieron que la renegociación de las cláusulas comerciales no forma parte de la agenda oficial de la administración del presidente Donald Trump, la cual considera que las negociaciones formales sobre la letra del acuerdo quedaron definitivamente concluidas con la firma inicial del documento.
Las autoridades norteamericanas indicaron de forma explícita que su expectativa es que el Poder Ejecutivo argentino envíe el proyecto original al Congreso de la Nación para su correspondiente ratificación legislativa, sin introducir modificaciones sustanciales ni adendas al texto ya suscripto.
En el marco de las conversaciones mantenidas entre ambas delegaciones, los representantes de Estados Unidos argumentaron que los términos no vinculantes otorgados a la oferta argentina responden a los marcos normativos vigentes dictados por el Congreso estadounidense para este tipo de acuerdos de inversión. Bajo este criterio, la inclusión de cuotas fijas o beneficios automáticos para productos como carne vacuna, acero, aluminio y bienes del sector agrícola requeriría un proceso de autorización legislativa adicional en Washington que el gobierno norteamericano no está dispuesto a tramitar en el corto plazo.
Esta negativa inflexible generó un estancamiento en el diálogo técnico bilateral, dejando en evidencia la brecha entre los objetivos de la gestión del presidente Javier Milei para balancear el intercambio de bienes y las exigencias de la Casa Blanca para la entrada en vigor inmediata del tratado.
Demoras en el tratamiento legislativo
Como consecuencia directa de las diferencias operativas sobre el alcance del texto y la negativa de Estados Unidos a revisar las cláusulas asimétricas, la Casa Rosada resolvió frenar el envío del acuerdo al Congreso de la Nación. La falta de acuerdos sobre el articulado provocó que el proyecto fuera relegado de las prioridades del temario legislativo del Poder Ejecutivo y retirado de las discusiones de alto nivel entre los representantes de ambos países.
Esta decisión del gobierno encabezado por Javier Milei responde a la exigencia de lograr modificaciones antes de someter el documento a la votación de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación. En el ámbito parlamentario, diversas bancadas opositoras advirtieron sobre los costos económicos de ratificar un compromiso internacional que impone obligaciones inmediatas a la Argentina mientras mantiene en estado condicional los beneficios comerciales para las exportaciones locales.
A su vez, la postergación en el debate parlamentario busca evitar un desgaste político en el ámbito legislativo en un momento en que el Gobierno requiere sostener alianzas clave para otras iniciativas de materia fiscal y económica. Desde los sectores industriales y agrícolas locales también se transmitió preocupación por la falta de garantías en el acceso a la plaza norteamericana, lo que influyó en la prudencia de los funcionarios nacionales al momento de definir los plazos del debate.
Aunque el intercambio bilateral registró durante el transcurso de 2026 un crecimiento concentrado en las ventas de energía y carne, desde el Ministerio de Economía argumentan que la aprobación del convenio bajo los parámetros vigentes consolidaría un esquema desventajoso.
