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El oficialismo logró neutralizar la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados. El objetivo del encuentro era derogar el DNU 70/23, prorrogar la emergencia en discapacidad y debatir proyectos sobre endeudamiento. Este resultado se concretó tras acuerdos con bloques aliados y una resolución de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
Para habilitar el debate en el recinto de la Cámara baja, los sectores que impulsaban la convocatoria necesitaban reunir la presencia de 129 legisladores sentados en sus bancas. Sin embargo, la estrategia parlamentaria de la bancada del Gobierno nacional consistió en persuadir a los representantes de las fuerzas provinciales y otras facciones independientes para que no descendieran al hemiciclo.
Durante las jornadas previas al horario estipulado para el inicio de la actividad parlamentaria, los funcionarios del Poder Ejecutivo y las autoridades del bloque oficialista mantuvieron reuniones con estos grupos.
En dichos encuentros de trabajo se acordaron modificaciones en normativas paralelas y se establecieron compromisos vinculados a las transferencias de fondos hacia los distritos del interior del país. Estas concesiones resultaron determinantes para evitar que la oposición alcanzara el número requerido por el reglamento parlamentario, forzando así el levantamiento formal de la sesión por falta de cuórum reglamentario.
La agenda postergada en el recinto
El temario que quedó sin tratamiento legislativo incluía tres ejes de debate. El punto de atención central era el intento de rechazo del DNU 70/23, una herramienta administrativa dictada por el Ejecutivo que establece modificaciones estructurales en normativas laborales, comerciales y de funcionamiento del Estado. La legislación vigente determina que un decreto de necesidad y urgencia mantiene su aplicación efectiva hasta que las dos cámaras del Congreso de la Nación voten su derogación. Al frustrarse esta reunión, la normativa continúa en vigencia de forma inalterada.
Por otro lado, se encontraba en la agenda la prórroga de la emergencia en discapacidad. Este proyecto busca extender los plazos de cobertura de salud y actualizar los montos asignados a las prestaciones médicas y asistenciales para las personas inscriptas en el registro nacional. Al no conseguir el tratamiento sobre tablas en esta oportunidad, el proyecto no obtuvo su media sanción. Finalmente, los expedientes referidos al endeudamiento y la mora planteaban herramientas para la reestructuración de pasivos, un tema que ahora continuará su análisis de forma exclusiva dentro de las comisiones correspondientes.
El rol del tribunal supremo
La parálisis legislativa se produjo en coincidencia temporal con una resolución judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal de la república emitió un segundo fallo relacionado con el marco normativo de la posesión de terrenos a nivel nacional. Esta medida restituyó, de manera temporal, la vigencia de la Ley de Tierras sancionada originalmente durante la administración del kirchnerismo. Dicha legislación impone límites porcentuales a la adquisición de áreas rurales por parte de personas físicas o jurídicas de origen extranjero.
Esta resolución introdujo una variable en el esquema de alianzas. Al suspender la desregulación de este sector, la decisión de la justicia funcionó como un factor de ordenamiento para las demandas de los gobernadores provinciales. Estos mandatarios, que mantenían reclamos sobre la administración de sus recursos naturales, encontraron en la medida de la Corte Suprema un esquema legal que facilitó su instrucción a los legisladores locales de no aportar el cuórum para la sesión impulsada por los sectores opositores.
Próximos pasos en el ámbito parlamentario
Tras la caída de la convocatoria, la Cámara de Diputados retoma su esquema de trabajo habitual en las comisiones permanentes. Los legisladores que integran la oposición deberán iniciar un nuevo proceso de recolección de adhesiones para solicitar otra sesión especial.
Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene activo el DNU 70/23 y gana margen temporal para la gestión normativa. El reglamento estipula que cualquier intento de nueva convocatoria en el recinto deberá reiniciar los procedimientos administrativos formales desde su fase inicial.
