Por tercera vez en pocos meses Nora Moyano, referenta de la Asamblea por el Agua de Las Heras, deberá someterse a una citación judicial por la acusación en su contra por "privación ilegítima de la libertad" en el marco de la pueblada por el agua que sacó a miles de mendocinos a las calles en defensa de la Ley 7722.
Asambleístas de toda la provincia pidieron acompañamiento para Moyano este miércoles en las escalinatas del Poder Judicial, desde las 12.
La audiencia a la que fue citada ya fue suspendida dos veces, en otra muestra de cómo el oficialismo profundiza la política de hacer transitar a perpetuidad las escaleras de los tribunales a gremialistas, defensores de los bienes comunes y todo aquel que se oponga a sus líneas de pensamiento y acción.
A Moyano se la acusa de "privación ilegítima de la libertad" de senadores y diputados que el 17 de diciembre de 2019 trataban la imposición de la ley del cianuro merced a un pacto entre la UCR-PRO y el PJ. Ella fue una entre miles. Luego los fiscales que responden al oficialismo iniciaron causas contra un puñado de referentes, pero sólo la acusación contra Moyano, que transita en el fuero penal, quedó en pie.
Fiscales contra asambleístas
En noviembre de 2022, el fiscal Juan Ticheli reafirmó la acusación en contra de Moyano y negó el sobreseimiento en la causa en la que se la acusa por “privación ilegal de la libertad” de los miembros de la Cámara de diputados el día en que se trataba ley del cianuro impulsada por Rodolfo Suarez.
Ticheli -quien también firmó otras causas contra ambientalistas en esos agitados días de diciembre- fue pieza central para que la jueza Patricia Alonso rechazara, en 2021, el pedido de la defensa de Moyano para que se declarara nula la causa, con lo cual ordenó que siga imputada y se la siga investigando.
Moyano fue una entre miles de mendocinos que el 17 de diciembre de 2019 participó en Mendoza de una de las protestas históricas en defensa del agua.
Tras un día de tensión en la Legislatura por el intento de derribar la Lay 7722, los legisladores tuvieron que salir escoltados por Infantería. En la calle, sobre Patricias Mendocinas, vecinos y ambientalistas protestaban por la avanzada del lobby minero, en una de las jornadas que luego fue tapa de diarios en todo el mundo como parte de la llamada "pueblada del agua".
Por esa manifestación, una troupe de fiscales que responden al oficialismo iniciaron causas contra asambleístas y vecinos, en un intento de desalentar las protestas. Al mismo tiempo, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y el recién asumido como gobernador, Rodolfo Suarez, blandieron el Código de Convivencia para multar y perseguir manifestantes.
