Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 26 segundos
Los gobernadores de La Pampa y Mendoza, Sergio Ziliotto y Alfredo Cornejo, se cruzaron en público por la propiedad de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles. El viejo conflicto interprovincial se reabrió tras una decisión de Javier Milei que modificó el régimen de regalías compartidas cediéndole la totalidad del canon a Mendoza. En respuesta, La Pampa llevó el caso a la Justicia.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, planteó una medida cautelar ante la Justicia Federal contra el Decreto Presidencial 982/2026 para exigir la continuidad del cobro de regalías de la represa Los Nihuiles, disparando un fuerte cruce político e institucional con su par mendocino, Alfredo Cornejo.
El Decreto Presidencial que reavivó el conflicto interprovincial surgió en un contexto político clave para entender la situación: mientras Cornejo es uno de los principales aliados electorales de Milei, Ziliotto es parte del peronismo que interpreta la mayor amenaza opositora al gobierno del libertario. El cruce entre los gobernadores tuvo a la red X como escenario.
La jugada de Ziliotto
El reclamo pampeano sostiene que la decisión del Ejecutivo nacional vulnera acuerdos históricos, leyes de fondo y sentencias previas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Según Ziliotto, la interprovincialidad del río Atuel —reconocida por el máximo tribunal en los fallos de 1987, 2017 y 2020— implica de forma directa que la generación hidroeléctrica del complejo Los Nihuiles se realiza con recursos compartidos.
"Las regalías también son pampeanas. Ningún decreto puede anular un acuerdo de partes", afirmó el mandatario pampeano. Ziliotto argumentó que el cobro de las regalías derivadas de dicha explotación le corresponde a La Pampa en virtud del acuerdo celebrado en el año 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, instrumento legal que fue homologado por el máximo tribunal del país.
La presentación judicial ratificó que las liquidaciones monetarias deben calcularse según las alícuotas reguladas por la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73, añadiendo que ningún decreto administrativo posee la jerarquía constitucional necesaria para dejar sin efecto un convenio bilateral cerrado entre las partes.
La representación legal pampeana ratificó que la provincia mantendrá las acciones institucionales en los estrados judiciales correspondientes para exigir el estricto cumplimiento de los acuerdos normativos vigentes y la liquidación de las acreencias reclamadas.
Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas.
El río es interjurisdiccional. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza. Por eso… https://t.co/tXIbCa2mMv
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 14, 2026
La respuesta de Cornejo
El gobernador de Mendoza rechazó los argumentos de la vecina provincia y defendió la validez del esquema dispuesto por la Casa Rosada.
"Mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas. La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza", le dedicó Cornejo a Ziliotto en la red X.
Cornejo enfatizó que la generación eléctrica requiere caída natural e infraestructura instalada en suelo mendocino, respaldándose en dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación.
El cruce sumó un tono político cuando Cornejo cuestionó la estrategia de la provincia vecina y contrapuso la gestión de los recursos hídricos en ambas jurisdicciones. "Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos", recriminó el gobernador mendocino.
Además, Cornejo desafió a la administración pampeana a demostrar qué inversiones propias ha realizado sobre la cuenca. La medida cautelar presentada por La Pampa deja la resolución del conflicto, una vez más, en la órbita de los tribunales federales.
El gobernador de Mendoza cuestionó el uso político de la controversia por parte de las autoridades pampeanas, señalando la necesidad de construir consensos mediante proyectos de inversión en el territorio.
