Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 57 segundos
Durante medio siglo, las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles fueron distribuidas entre Mendoza y La Pampa en partes iguales a partir del Decreto 1560/73. Este reparto se sostuvo durante 53 años como resultado de un arreglo que reconocía los intereses de ambas provincias sobre el río Atuel.
Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei modificó el esquema de distribución a través del Decreto 689/2026 (publicado como 982/2026), que dejó sin efecto esa normativa y estableció que Mendoza pasará a recibir el 100% de las regalías de Los Nihuiles.
Los dos pilares del decreto
Criterio de ubicación física de la fuente
El gobierno nacional sostiene que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente en Mendoza y que, por ese motivo, corresponde aplicar el criterio según el cual las regalías pertenecen a la provincia donde está ubicada esa fuente. Esta interpretación se apoya en la Ley 15.336.
Contexto jurídico
La validez del esquema establecido por el Decreto 1560/73 ya se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional. En ese caso, el propio Estado Nacional pidió que La Pampa fuera incorporada al proceso por considerar que la provincia estaba directamente alcanzada por la controversia.
La Corte Suprema aceptó esa solicitud el 27 de agosto, pero apenas 14 días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026, con lo cual generó suspicacias en las autoridades pampeanas, mientras las mendocinas celebraban la decisión presidencial favorable a sus intereses.
Reclamo histórico de Mendoza
Mendoza argumenta que, según su interpretación legal, La Pampa cobró indebidamente regalías durante 53 años que debieron corresponderle íntegramente.
Milei saldó la pelea en el ámbito político a favor de Mendoza, gobernada por su socio electoral y puntal político, Alfredo Cornejo (radical con peluca). La Pampa, gobernada por el peronista opositor al mandatario libertario, Sergio Ziliotto, cuestionó la decisión y la judicializó.
Implicaciones económicas
El año pasado las regalías compartidas representaron alrededor de US$ 2,5 millones para ambas provincias, en un contexto de precios de la energía considerados bajos, aunque en alza permanente con miras a equilibrarlos con los del mercado global. Esto significa que La Pampa perdería aproximadamente USD 1,25 millones anuales en ingresos directos de mantenerse el costo de la energía.
No obstante, Mendoza espera que el valor de esos ingresos pueda aumentar durante los próximos años, amplificando aún más la diferencia en los beneficios provinciales. El negocio de la generación eléctrica en el complejo Los Nihuiles está en pleno proceso de licitación, no exento de sospechas sobre el direccionamiento del concurso hacia un grupo con vínculos en el Ejecutivo nacional.
Reclamo retroactivo e impacto territorial
La ministra de Energía y Ambiente mendocina, Jimena Latorre, explicó que la provincia reclamará la actualización de una demanda que en 2022 calculaba en aproximadamente US$ 680 millones el monto relacionado con las regalías que, según Mendoza, debieron haber sido percibidas íntegramente. Este reclamo, aunque de gran magnitud, no tiene resolución judicial.
Para La Pampa, el conflicto se intensifica por sus implicaciones territoriales. El gobierno provincial asegura que la decisión de Milei tiene especial impacto en localidades del oeste, donde la provincia atribuye parte del estancamiento productivo, ambiental y demográfico a la falta de escurrimiento permanente del Atuel, vinculando así la distribución de regalías con los efectos históricos del río seco para la economía de la jurisdicción.
Reacciones ante el conflicto
El gobernador pampeano anunció la presentación de una medida cautelar para suspender los artículos del Decreto 982/2026 y cuestionó que un decreto nacional modifique el esquema vigente, sosteniendo que el carácter interprovincial del Atuel también alcanza a los beneficios económicos generados por el aprovechamiento de sus aguas.
Mientras tanto, el mandatario mendocino cuestionó el régimen anterior y sostuvo que resultaba injusto para su provincia. Cornejo salió a descalificar a su par pampeano por el traslado del caso a la Justicia Federal.
Chicana en la política mendocina
El conflicto generó diferencias en Mendoza dentro de la alianza del radicalismo con La Libertad Avanza.
El diputado nacional mileísta Luis Petri (ex radical) atribuyó parte del resultado a un proyecto que había presentado en 2020 para derogar el Decreto 1560/73, mientras que el exgobernador y actual senador nacional Rodolfo Suárez salió a acusarlo de robarse el protagonismo que tuvo su gestión en esta materia.
Apoyo interpartidario en La Pampa
El reclamo liderado por Ziliotto recibió respaldo de dirigentes pampeanos de la oposición, entre ellos el senador radical Daniel Kroneberger, la senadora del PRO Victoria Huala, el diputado Martín Ardohain y el radical Martín Berhongaray, demostrando un frente unido provincial más allá de divisiones partidarias.
El enfrentamiento se vincula además con el histórico conflicto por el río Atuel, que ha unificado a la política pampeana históricamente.
En 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que Mendoza debía garantizar un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo hacia La Pampa, un fallo que Mendoza reconoce pero presenta como una "meta" a largo plazo.
El decreto de Milei derivó en un recalentamiento de una disputa profundamente enraizada en la historia de la región. La decisión del Gobierno nacional mediante decreto —sin consenso provincial— ha intensificado las tensiones y llevado el tema a instancias judiciales en momentos en que la propia validez del esquema anterior estaba siendo revisada por la Corte Suprema.
