Rodolfo Suarez y José Thomas elaboraron un nuevo borrador de la Ley de Educación sin convocar a una mesa de participación activa a todos los sectores que se manifestaron en caravanazos masivos en toda la provincia.
El gobernador y el titular de la Dirección de Escuelas hicieron oídos sordos al pedido de las calles de retirar el proyecto, al mismo tiempo que pidieron a los directivos de escuelas que identifiquen con nombre y apellido a quienes se oponen al proyecto reformista, denunció la CTA.
La contundente movilización en las calles -que comenzó en el Este, el Sur y el Valle de Uco apenas se conocieron detalles de las reformas- llevaba entre sus proclamas que el Gobierno declinara de discutir en contexto de pandemia las reformas.
"Recordamos que el canal oficial para realizar aportes es: congreso@mendoza.edu.ar", retrucó el Gobierno este jueves.
El Ejecutivo promocionó en su web oficial una serie de cambios al borrador ya rechazado por la comunidad educativa. Aclaró que sólo se admitirá aquellos aportes que lleguen "a través del correo oficial y la página web del Congreso Pedagógico".
El SUTE pide que se retire el proyecto
El gremio de trabajadores de la Educación volvió a rechazar el "nuevo borrador" del borrador y respondió: "No estamos a la espera de arreglos a este anteproyecto. Exigimos los arreglos urgentes que necesita ahora el sistema educativo en emergencia. Necesitamos respuestas que empiezan por abrir la paritaria para resolver lo acuciante".
En ese punto, el SUTE enumeró: "Desde los/as celadores y directivos obligados a ir a escuelas hasta las docentes sosteniendo con esfuerzo la educación, sin un solo recurso puesto por la DGE. Y con familias sosteniendo como pueden y con lo que tienen la continuidad. Insistimos: la DGE no pone nada, salvo esta pérdida de tiempo en intentar debatir una ley que está condenada a no resolver nada y, que persiste, entre otros temas, en la evaluación de la calidad educativa y la reforma del Estatuto del Docente".
Sobre el espionaje en redes
Uno de los puntos que causó mayor polvareda entre los docentes fue la inclusión de un artículo específico que habilita al Ejecutivo a monitorear las redes sociales de los docentes y los alumnos y a denunciar posteos que hagan un "uso indebido" de estas comunicaciones.
Thomas justificó en persona esa vigilancia, aunque dijo que era para evitar el bulling, pero el proyecto oficial no contemplaba este punto en realidad.
Este jueves, el Gobierno dijo que "se está trabajando en la revisión de los artículos acerca del uso de las redes sociales", aunque no aclara en qué sentido se está trabajando.
Una competencia, como en las empresas
Uno de los puntos que generó mayor resistencia por parte de los docentes tiene que ver con la incorporación de conceptos empresariales, como la evaluación de los docentes por objetivos y resultados de los alumnos, como se hace en las empresas
Dijo el Gobierno que el nuevo borrador pretende "clarificar la mención a la remuneración docente para evitar confusiones sobre su vinculación al resultado de los estudiantes".
Respondió el SUTE: "La única perspectiva que ofrece la DGE a la precariedad que vive la educación es buscar castigar a los/as trabajadores/as de la educación en vez de darnos los recursos que necesitamos para hacer nuestra tarea, junto con las familias. ¿Metas de financiamiento educativo reales y concretas, con plazos definidos y objetivos que se puedan medir, como nos quieren medir a nosotros/as? Ninguna".
