Ulpiano Suarez dio marcha atrás con algunas de las multas a los defensores de la Ley 7722 que llegaron de manera masiva esta semana, y en las últimas horas les notificó que las mismas estaban "revocadas". El intendente de Capital reculó después de un repudio generalizado en las redes por la avanzada punitiva en tándem con el gobernador hacia quienes se manifiestan en calles, plazas y pueblos de todo Mendoza contra el fracking y otras demandas ambientales.
Más de 30 multas fueron despachadas esta semana por el jefe comunalcontra quienes se manifestaron en defensa de la Ley 7722 en diciembre en el centro de la Ciudad con un "brindis por el agua". La embestida es en conjunto con el gobierno de Rodolfo Suarez, a quien responde el Ministerio Público, que ordenó citaciones judiciales para vecinos y asambleístas protagonistas de la pueblada del agua.
La avanzada se dio a dos semanas de la Fiesta de la Vendimia, y contra vecinos y asambleístas activos en las calles en defensa del agua.
Para ir contra los manifestantes, los Suarez usan el Código Penal y el Código Contravencional, que ambos gobiernos han ejecutado en contra de opositores políticos, desposeídos, o quienes protesten por cualquier motivo, razón o circunstancia. Además de las multas, hay asambleístas denunciados penalmente como "instigadores de delitos" por convocar a manifestarse en las rutas.
El Código, ideado por Suarez cuando era intendente de Capital, fue convertido en ley a instancias de Cornejo. Ha sido denunciado en la Corte por múltiples organismos defensores de los DDHH y organizaciones sociales y gremiales, así como también por referentes políticos de la oposición, porque supone una regresión en materia de derechos, de libertades individuales y de expresión.
Multa y revocatoria, a dos semanas de la Vendimia
Los abogados de la Gremial de Abogados y de la Asamblea por el Agua estaban preparando la defensa de los atacados por los Suarez con multas y citaciones judiciales, y en medio de esas reuniones empezaron a recibir las notificaciones de las revocatorias de las multas que pretendía ejecutar Capital, por $70.000 contra cada manifestante.
"Me pregunto cuántos/as ciudadanos/as estarán sufriendo injustos castigos por el solo hecho de expresarse? Y tienen que pagar multas sin que nadie se entere…", señaló uno de los multados y desmultados, el músico Marcelo Sánchez, a quien en la multa lo acusaban de “Partícipe del caravanazo contra la modificación de la ley 7722”.
Otro de los penalizados fue Antonio Vecino -padre del ambientalista Miguel Angel Vecino Pérez-, electrodependiente y quien no se movió de su casa el día de la protesta, sin embargo los inspectores enviados por Ulpiano Suarez lo acusaron de entorpecer el tránsito y negarse a firmar el acta de un inspector. A los dos los acusaban de negarse a firmar un documento público la noche de la protesta. Uno no estaba en el lugar, como se dijo, en tanto el músico negó que algún inspector lo hubiera abordado antes, durante ni después de la protesta.
En la revocatoria de la multa, Suarez reconoce que el procedimiento tiene vicios de ilegalidad y que no es verdad que los manifestantes hayan sido notificados por inspectores sobre infracción alguna.
De todas maneras, muchos que no hicieron público si caso siguen en la misma condición de multados. Por lo que los abogados que manejan el caso mantendrán el recurso de revocatoria como lo habían planeado, según confiaron a EXPLÍCITO. En tanto, preparan una demanda por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el responsable de la orden de las multas.
