"Tenemos más de mil compañeros suspendidos ¿Hubo algún conflicto? No hubo nada, porque esto lo hemos acordado con las empresas para que no despidan gente". La primera pincelada del líder sindical Guillermo Pereyra reveló todos los secretos de la pintura colaborativa sobre los negocios en Vaca Muerta, que ocupa, además, al gobierno de Mauricio Macri, a las petroleras y los lobys vinculados, tanto como a la administración provincial neuquina, de Omar Gutiérrez (MPN).
La política macrista pos PASO descarrilló el tren del shale. Congeló las cotizaciones del mercado petrolero para evitar una estampida del precio de los combustibles. Con eso, le restó rentabilidad al negocio. Y provocó una respuesta inmediata de las compañías en los campos petroleros de Neuquén y la periferia.
El DNU 566/19 de Macri intervino el mercado petrolero la semana siguiente a la derrota del presidente en las PASO, con una vigencia implícita en el texto de tres meses.
Macri decretó la guerra con las petroleras para congelar el precio de los combustibles
Desde la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia, las petroleras frenaron las operaciones de ocho equipos de perforación. Ahí reside una fuente importante para las más de mil "suspensiones rotativas", que acordó el sindicato con las patronales. Cada equipo ocupa a entre 80 y 100 trabajadores.
Además de los ocho equipos dados de baja, hay otros ocho en riesgo de seguir el mismo destino. Las compañías petroleras no rompieron relaciones con el gobierno, pero participan de una confrontación impensada en el escenario previo al DNU 566/19.
Vista Oil & Gas, de Miguel Galuccio; Pluspetrol; y Tecpetrol, del Grupo Techint, frenaron seis equipos, dos cada una. Exxon dio de baja un equipo, al igual que YPF, que tomó la decisión de frenar las operaciones del equipo de la contratista San Antonio, que utilizaba en proyectos en el sur de Mendoza.
Más nafta al fuego
En medio de la guerra económica con las petroleras, el gobierno nacional avanzó con la ampliación de la jurisdicción ordinaria de la Gendarmería hasta los yacimientos de Vaca Muerta.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 768/19 del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich.
La decisión se enfrentó con el rechazo del gobierno neuquino, el sector sindical y el de las comunidades originarias que mantienen disputas por la propiedad de tierras sobre la formación no convencional de hidrocarburos.
El gobierno de Omar Gutiérrez acusó un ataque al federalismo detrás de la ampliación de las facultades de Gendarmería en Vaca Muerta. La respuesta oficial la encarnó la ministra de Ciudadanía, Vanina Merlo, a cargo de la cartera de Seguridad de forma interina.
“Es una nueva intromisión en las autonomías provinciales. Es un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias”, dijo la funcionaria neuquina.
A su turno, el sindicalista y senador nacional Pereyra consideró que "es inconcebible que se autorice a una fuerza de seguridad a actuar como si estuviéramos en estado de conmoción interna”.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, descalificó la medida. “Es una actitud descabelladamente peligrosa. La toma un gobierno que se está yendo, que ha sentido el repudio popular a la errática política que ha llevado adelante”, sostuvo.
Algo se prende fuego
Las imágenes de una fuga de gas o el posterior fuego para eliminar el tóxico del ambiente en un yacimiento de YPF, en Vaca Muerta, completaron la pintura coyuntural de la tierra prometida a los capitales del mundo.
Llegaron expertos desde Houston, Estados Unidos, para encabezar el tránsito a la normalidad en una perforación de Loma La Lata, que fue escenario de una fuga de gas.
Más de 200 personas intentan apagar el incendio en el pozo de YPF en Vaca Muerta. Las estimaciones de la petrolera indican que el trabajo para terminar de resolver la fuga de gas demandará dos o tres semanas.
Controlar el incendio en el pozo de Vaca Muerta demorará de dos a tres semanas, admitió YPF
