La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) tomó el caso de Lorena Segura -asesinada por su pareja, expolicía, con su arma reglamentaria- como parte de una serie de lo que llamó "femicidios de uniforme" en Mendoza.
"Este no es un caso más, ni un hecho aislado. Forma parte de los 10 femicidios de uniforme que registramos en la provincia, donde la violencia policial se conjuga con la peor cara del patriarcado, cobrándose la vida de nuestras pibas", señaló la organización acerca del juicio al que fue sometido el asesino de Lorena, su esposo Hugo Acuña, ex policía, que fue condenado este jueves por homicidio doblemente agravado, aunque con atenuantes, según consideró el jurado.
En el Informe de Situación Represiva Anual 2019, Correpi registró 7.093 casos de muertes a manos del aparato represivo estatal. De ellos, 647 corresponden a mujeres. Dentro de esos casos, 381 son los caracterizados como femicidios de uniforme.
"Según nuestros registros, encontramos en 1992 los primeros dos casos de femicidios de uniforme en el país desde la vuelta a la democracia. Tristemente, este índice ha ido en escalada -señalaron-. Esto da cuenta de cómo la violencia represiva estatal junto con la violencia machista y patriarcal encuentran su mejor alianza en las llamadas fuerzas de seguridad. Los femicidios de uniforme son la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal y responden directamente a la opresión de género".
Entre ellos en Mendoza mencionó Correpi los casos de María Valeria Fontagnol (31) asesinada por el gendarme Jorge Raúl Bonetto (2010); a Natalia Teruya (22) asesinada por el policía Gustavo Pedemonte (2010); a Alejandra Verónica Yúdica (36) asesinada por el policía del grupo UMAR Sebastián Montiveros (2013); a Gabriela Beatriz Fernández (44) asesinada por el oficial auxiliar José Ontiveros (2014) y a Norma Noemí Ríos González (36) asesinada por el militar Luis Álvarez (2016).
