La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como amicus curiae para respaldar a Xumek en la demanda contra el Gobierno de Mendoza por la ley que eliminó controles civiles en cárceles y comisarías a través del desmantelamiento del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
La ley fue ideada por Alfredo Cornejo y sancionada en el de Rodolfo Suarez, con la resistencia de organismos de Derechos Humanos y organizaciones civiles que todos estos años sirvieron de contralor en los lugares de encierro.
El oficialismo logró que la Legislatura aprobara los cambios en la ley que dio origen a la Ley de creación del Comité de Prevención de la Tortura, recortando la injerencia de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos en la vigilancia de normas mínimas que eviten tratos crueles y degradantes en lugares de encierro.
Xumek, organización de defensa de los Derechos Humanos, se presentó en la Suprema Corte con un pedido de inconstitucionalidad de la ley, una acción a la que se suma ahora la Nación a través del titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
Los argumentos de la Nación
"Preocupa a esta secretaría el cambio legislativo aquí cuestionado dado que podría implicar un caso de violación de los tratados internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina y un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH -se lee en la presentación-. Por lo tanto resulta un interés legítimo de esta Secretaría evitar que el estado sea condenado internacionalmente y a su vez proteger los Derechos Humanos de sus ciudadanos".
Precisamente, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura surgió de un acuerdo alcanzado en 2011 entre el Estado Argentino y la CIDH por las denuncias a violaciones de los DD.HH en penitenciarías de Mendoza, entre ellas torturas y tratos crueles a internos de la Penitenciaría de Mendoza y del penal San Felipe.
La situación de hacinamiento y violencia institucional en los penales de Mendoza era tal que, además de instar a las autoridades a separar condenados de procesados y adecuar las condiciones de encierro, ordenó la creación del CPPT para controlar el cumplimiento de las medidas y vigilar al Estado en la ejecución de las políticas de encierro.
Entre los ejes argumentativos del organismo nacional, se plantea "la prohibición de medidas que deroguen o eliminen legislación u otras disposiciones necesarias para el ejercicio de los derechos reconocidos". Esto significa, sigue, "la consagración de la prohibición de regresividad normativa".
Es justamente lo opuesto a lo que hizo el oficialismo en Mendoza con la ley que eliminó miembros del comité y le quitó injerencia a las organizaciones sociales, volviéndolo dependiente del Ejecutivo.
Este es el amicus curiae presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación:
