La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mendoza tildó de "ilegal y disparatada" la pretensión del oficialismo de sancionar a periodistas, gremios y ong con multas o trabajo comunitario por difundir noticias que se salen de la propaganda oficial y que, a criterio a definir por autoridades no definidas, sean consideradas "fakes news".
El proyecto fue publicitado el mismo día en que el Gobierno atacó públicamente, aunque sin nombrarlo, a diario Los Andes por salirse en una nota de la propaganda oficialista respecto del manejo de la pandemia en Mendoza. Referentes oficialistas salieron en tándem a criticar al diario y a promocionar sanciones para quienes "a sabiendas divulguen fakes news".
El Sindicato de Prensa repudió la avanzada oficialista para censurar a periodistas, gremios y ongs
"Esto es por el bien de todos en situaciones de emergencia -sostuvo el autor del proyecto en las entrevistas que dio en un raid mediático que realizó este lunes- el primer tema es la prevención". Sin embargo, Lombardi admitió que es difícil que la Legislatura pueda sancionar para aplicar las sanciones durante la pandemia. Y abrió la puerta para futuros temas que incomoden al gobierno.
"Se puede extender a otros temas", advirtió Lombardi, poniendo como ejemplo en las entrevistas al audio que circuló en plena batalla de vecinos y asambleístas en defensa de la Ley 7722. Luego recalcó que difícilmente este proyecto se trate en este período, donde se abordan sólo los proyectos que envía el oficialismo. Es decir, difícilmente lo apliquen de manera "preventiva" por el coronavirus, sino que quedará, de aprobarse, como una mordaza para otros temas.
La APDH recalcó que el el proyecto de Lombardi "utiliza como excusa el coronavirus. La vinculación de la restricción a las libertades, con pretensión de permanencia, con la pandemia, es un hallazgo publicitario de los legisladores pero no tienen ninguna relación entre sí. Es un engaño. La dirección es clara: pretende meterse con los ciudadanos de a pie, espiarnos las redes sociales e instaurar un estado, aún más, policíaco".
"Pretensión ilegal y desparatada"
Sin vueltas, la APDH, dijo que "la pretensión no puede ser más ilegal y disparatada. Fuera de toda competencia, los legisladores provinciales cercenan de modo flagrante, en los hechos,
la libertad de expresión".
Luego recordó casos de reprimenda o censura en la primera fase del gobierno PRO-UCR en Mendoza, en particular de docentes que manifestaron disidencias con el gobierno y de la docente castigada por intentar el uso de lenguaje inclusivo en las aulas.
"El ex gobernador Alfredo Cornejo, en un listado no exhaustivo, procesó dirigentes sindicales que le disgustaron, despidió trabajadores de la educación, como nuestro compañero Ricardo Ermili, espiando sus redes sociales y condenando sus opiniones políticas, hostigó centenas de trabajadores públicos por sus opiniones con un claro sesgo persecutorio, tal el caso de la docente Carolina Gutiérrez. La manipulación de la justicia fue una constante en el gobierno del macrismo mendocino, comenzando por un procurador adicto, nombramiento de más de un cuarto de los jueces provinciales, jueces de la Corte y, como eso no alcanzaba, declaraciones agraviantes y operaciones contra miembros del Poder Judicial por parte de Cornejo".
La APDH relacionó también la avanzada oficial contra periodistas, gremios y ong con la represión de Suarez en momentos de la pueblada por el agua en diciembre: "La violencia institucional ha alcanzado en Mendoza, con Cornejo y su continuador Suárez, niveles que no veíamos desde la dictadura. Basta recordar la represión con que Suárez respondió a la revuelta popular contra su proyecto de entregar el agua de Mendoza a las empresas que extraen oro usando cianuro".
Este es el documento de la APDH Regional Mendoza:
