El SUTE llama a una reunión de emergencia por la avanzada punitivista de Cornejo contra docentes de Mendoza

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Carolina Gutiérrez, vicedirectora de la escuela Manuel Blanco Encalada de Junín.

Los castigos impulsados por el gobierno de Cornejo contra seis docentes alertaron al SUTE, que convocó a un plenario de urgencia para diseñar una estrategia de defensa de los docentes ante esta avanzada punitivista del oficialismo. La reunión será este miércoles 26 de junio a las 18.30 en la Sede Central del SUTE de Eusebio Blanco (Capital).

Docentes imputados por protestar por su salario, castigados por criticar medidas de gobierno y el traslado de una maestra de Junín en penalidad por saludar con lenguaje inclusivo, impulsaron al gremio de maestros a la convocatoria.

Imputaron a tres maestros que protestaron por la reapertura de paritarias en 2018

El gremio citó los casos de Paola Vignoni, docente dada de baja e inhabilitada por criticar el Operativo Aprender, Ricardo Ermili, supervisor cesanteado por criticar al gobernador en redes sociales, los tres docentes del IES Tomás Godoy Cruz imputados por participar de una asamblea y el más reciente, de Carolina Gutiérrez, docente de Junín  trasladada de su escuela sin mediar ningún proceso administrativo por el uso de lenguaje inclusivo.

El “traslado preventivo” de Gutiérrez, como lo llamó el Ejecutivo, fue decidido en una reunión de la que participaron el director de Educación Primaria de la provincia, Sergio Márquez, Hugo Martín, delegado regional de la DGE en la zona Este, y padres y madres, en la misma escuela.

El funcionario le dijo a Nihuil que “los padres nos plantearon su disconformidad porque la vicedirectora utilizaba el lenguaje inclusivo. En realidad lo que nos planteaban es que esta utilización, más allá de que puede generar voces a favor o en contra, no había sido algo consensuado con la comunidad, con los padres o con el personal de la escuela”.

El SUTE analizó que todas las medidas punitivas contra maestros “son parte de la campaña de miedo del gobierno provincial. Una política pensada y ejecutada para disciplinar, para cercenar todo reclamo justo, para ahogar toda voz en disidencia, para frustrar de antemano toda participación”.

“El extremo de una política que no reconoce el más derecho elemental de la libre expresión es la imputación de tres docentes, miembros del Secretariado Provincial del SUTE, por participar en un plenario junto a otros 200 compañeros/as frente a la Subsecretaría de Trabajo el año pasado. Son Alejandra Castelli, Martín Dalmau y Pablo Massutti”, detalló el sindicato.

 

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