Los referentes gremiales reprimidos y detenidos en la Capital de Mendoza por solidarizarse con trabajadores municipales en la Peatonal el 5 de julio serán sometidos este miércoles a una nueva audiencia judicial en el marco de las imputaciones judiciales que se les inició ese día.
"Seguimos sosteniendo que no hay delito, no es delito la protesta social. El fiscal dice lo contrario y la jueza llamó a audiencia para este martes", sostuvo a EXPLÍCITO Pablo Massuti, secretario de Educación del SUTE y uno de los detenidos en ese operativo represivo.
A los apresados ese día se les iniciaron causas por violación del decreto presidencial 205 -a través del cual Alberto Fernández dictaminó el ASPO-.
El destino judicial de los expedientes podría cambiar con la declaración de la jueza Alejandra Mauricio, quien dictaminó días atrás que el decreto es inconstitucional porque el artículo 99 "le prohíbe al presidente emitir DNU que legislen en materia penal. Los decretos van a quedar vacíos de sanción", detalló la jueza a radio Mitre.
Represión a la protesta
Ese día, con un operativo de gran despliegue, la policía desalojó la protesta de trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Capital, que se mantenía en la Peatonal con varios de ellos encadenados a un banco en protesta por sus salarios por debajo de la línea de indigencia. Se llevaron detenidos al secretario general del gremio de los maestros, Sebastián Henriquez, a Pablo Massutti, también del SUTE y del Frente de Unidad Estatal y a Roberto Macho (ATE).
Además, la policía se llevó a Angel Basile, periodista de La Mosquitera, quien cubría en el lugar los acontecimientos, y a una larga lista de municipales y vecinos.
El desalojo de la protesta y las detenciones fueron parte de una respuesta represiva del intendente Ulpiano Suarez al reclamo salarial de los trabajadores, que llevaban un mes de protesta en las calles reclamando que les aumenten su sueldo básico, de $10.300.
La UCR emitió un comunicado oficial respaldando el operativo represivo, y lo propio hizo la directora de Recursos Humanos de la Provincia, Luz Faingold. La CTERA en cambio, repudió lo ocurrido en la capital mendocina.
Una semana antes de ese operativo, pelotones de Infantería irrumpieron en sedes de la comuna donde los trabajadores realizaban retención de tareas. Detuvieron y procesaron a 38 empleados con cargos que van desde “ruidos molestos” a la violación del aislamiento. Antes de eso, también con Infantería habían intentado desactivar un acampe en el predio de la UCIM, que fue cerrado por Suarez para evitar que se reiteraran las protestas en ese lugar.
"Seguiremos exigiendo el desprocesamiento de Sebastián Henríquez, Pablo Massutti, Verónica González, Mariana Páez del SUTE, compañeros de ATE, de organizaciones sociales y de todos/as los/as luchadores/as. Exigimos además la urgente prescripción de la causa de junio de 2018 y el cese de todas persecución. Continuaremos denunciando que luchar por nuestros derechos no es delito", remarcó el SUTE.
