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La comunidad de Lavalle atraviesa horas de preocupación tras la aparición de casos de Norovirus en niños en edad escolar, un brote que vecinos y organizaciones socioambientales vinculan directamente con el vertido de aguas cloacales sin tratar en el Canal Pescara, que arrancó a fines de 2024 en Guaymallén y no se detuvo. La sospecha de que la contaminación hídrica y agrícola haya alcanzado los hogares a través de los cultivos regados con esas aguas encendió una alarma sanitaria y social que hoy exige respuestas urgentes de las autoridades.
Colapso y desastre ambiental
Lo que comenzó en 2024 en Guaymallén, con un colector cloacal operado por la empresa estatal Aguas Mendocinas (Aysam) que colapsó en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo, derivó en un problema ambiental y sanitario de gran escala: el vertido de aguas cloacales sin tratar al Canal Pescara, un cauce vital para la red de riego agrícola.
El Departamento General de Irrigación (DGI) fue quien autorizó de manera provisional el vuelco de efluentes, primero por 45 días y luego prorrogado con varias autorizaciones. Esa decisión, tomada bajo el argumento de aliviar la presión sobre la infraestructura colapsada, abrió la puerta a una cadena de consecuencias que se extendieron más allá de Guaymallén, alcanzando parcelas productivas de Lavalle y otros departamentos.
El expediente lavallino
En la Municipalidad de Lavalle se tramita el Expediente 8967/2025-0, que cita un informe técnico que detalla que la contaminación se propagó desde el Canal Pescara hacia los canales Colonia y Auxiliar Tulumaya, afectando aproximadamente 500 hectáreas productivas.
Lo más grave: más de 490 hectáreas correspondían a cultivos no permitidos y productos de consumo directo, regados con aguas cloacales sin tratamiento. Entre los distritos afectados se encuentran Las Violetas, La Pega, El Vergel, El Paramillo y La Palmera.
El expediente advierte sobre la presencia de Escherichia coli, Salmonella, Hepatitis A, Rotavirus, Norovirus, Giardia lamblia, Cryptosporidium y metales pesados como cadmio, plomo, zinc y níquel. La normativa vigente —como la Resolución 400/03 del DGI— prohíbe expresamente el riego de cultivos de consumo en fresco con aguas cloacales. Sin embargo, la autorización excepcional del DGI contradijo ese principio, exponiendo una falla crítica en la coordinación interinstitucional.
Impactos ambientales y agronómicos
El informe municipal describe un escenario de contaminación hídrica alarmante. Los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO) superaron ampliamente los límites normativos, generando procesos de eutrofización en los cauces y riesgo de infiltración hacia las aguas subterráneas.
En el suelo agrícola, los patógenos pueden persistir hasta 70 días, alterando la microbiota natural y reduciendo la productividad. La acumulación de metales pesados compromete la calidad del suelo a largo plazo, provocando salinización, acidificación, pérdida de materia orgánica y compactación.
La consecuencia inmediata fue la afectación de cultivos de consumo directo, con riesgo de bioacumulación de metales pesados en tejidos vegetales y la posible entrada de alimentos contaminados al mercado. El expediente advierte que la falta de decomiso de los productos contaminados incrementa el peligro de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).
El costo social y económico
La crisis no solo impactó en el ambiente y la salud pública, sino también en la economía regional. Los productores de Lavalle enfrentaron pérdidas directas y un daño reputacional que amenaza la confianza de los consumidores en los productos agrícolas de Mendoza.
La percepción de que alimentos contaminados podrían haber ingresado al mercado erosiona la credibilidad institucional y afecta la competitividad de la producción local. El expediente señala que la recuperación ambiental será de largo plazo y requerirá una inversión significativa en remediación.
Comunicado de la Asamblea del Agua de Huanacache
Frente a la falta de respuestas oficiales, la Asamblea por el Agua Pura de Huanacache emitió un comunicado donde pide despejar las dudas acerca de si el brote de Norovirus en niños de Lavalle se vincula con los derrames cloacales y exige medidas inmediatas.
Entre sus reclamos se destacan:
- Una investigación profunda e interdisciplinaria por parte del Gobierno Provincial, DGI, Aysam, DIRCAS, ISCAMEN y Ministerio de Salud.
- La realización de campañas de prevención urgentes con máxima difusión en la comunidad lavallina.
- La declaración de emergencia ambiental y sanitaria provincial, que permita asignar recursos extraordinarios y coordinar acciones interinstitucionales.
Contradicciones normativas y responsabilidades
El caso expone una contradicción estructural: mientras la normativa provincial exige “vuelco cero” y prohíbe la mezcla de aguas residuales con “aguas vivas”, el DGI autorizó el vertido de efluentes cloacales sin tratar en un canal ya afectado por descargas industriales.
Las responsabilidades recaen en múltiples actores:
- DGI, como autoridad hídrica, debió fiscalizar y garantizar la calidad del agua.
- Aysam, como concesionaria, tenía la obligación de tratar los efluentes y evitar desbordes.
- ISCAMEN y el Ministerio de Salud, con competencias en decomiso y control bromatológico, no actuaron con la urgencia requerida.
- La Municipalidad de Lavalle, pese a elaborar el expediente, careció de herramientas para implementar medidas efectivas.
La dualidad del DGI —regulador y fiscalizador a la vez— generó un conflicto de interés que debilitó la credibilidad institucional.
Algo huele muy mal
El colapso del colector cloacal de Aysam y el vertido en el Canal Pescara revelan una crisis que trasciende lo técnico. La autorización excepcional del DGI, la falta de decomiso de cultivos y la ausencia de coordinación interinstitucional dejaron expuesta la fragilidad del sistema de gestión ambiental en Mendoza.
La contaminación de 500 hectáreas productivas, con riesgo directo para la salud pública, exige para los vecinos y organizaciones socioambientales respuestas inmediatas.
