Representantes de las cámaras de la construcción, metalmecánica, minería, petróleo, agroindustria, y cámaras territoriales reunidas en la Unión Industrial Mendoza (UIM) presentaron un plan de reactivación pospandemia que incluye la reactivación del proyecto minero San Jorge, en Uspallata.
Mientras las calles de Mendoza estaban en plena ebullición por el derribo de la Ley 7722, mandaderos de la minera San Jorge, de capitales rusos, ingresaron en la Dirección de Protección Ambiental el proyecto de Impacto Ambiental para sacar oro y cobre en Uspallata. La ley del cianuro de Suarez sólo duró 10 días, pero fueron suficientes para reactivar los engranajes siempre aceitados de los lobbistas mineros.
Esa es la razón por la cual vecinos y asambleístas de Uspallata, apoyados por la organización de las Asambleas por el Agua en toda la provincia, retomaron al inicio de 2020 el reclamo para que San Jorge -punta de lanza de otras 300 concesiones en la montaña- no pueda concretar lo que quiere hace años: dinamitar la roca y usar tóxicos para sacar el oro y el cobre.
Los lobbistas de San Jorge se guardan una carta bajo la manga: en el fallo que declaró constitucional la Ley 7722, en 2015, uno de los jueces, al analizar el artículo 1 de la ley sobre la prohibición de tóxicos apunta que los legisladores dejan abierta la posibilidad de introducir xantato.
En el documento de la UIM para reactivar Mendoza pospandemia, dicen en el punto tres: "Dar impulso a los proyectos mineros en el marco de la Ley 7722, como Paramillos, Cerro Amarillo, San Jorge o Sierra Pintada entre otros".
Lobby minero intenso
Mauricio Badaloni, dueño de Andesmar y presidente de la UIM- es un férreo militante de la megaminería. Días atrás dijo que la ciudadnía "no estuvo a la altura" de la ley del cianuro de Suarez, e instó también a reformar la Ley de Aguas de Mendoza para "ampliar la matriz productiva".
A principios de abril, le envió una carta al gobernador junto a otros empresarios en la cual lo instaron a reactivar de la minería y a ejecutar un plan para ajuste y congelamiento de sueldos de los empleados públicos y suspensión de contratos. Al mismo tiempo, para sus empresas pidieron rebaja de impuestos y beneficios fiscales. En teoría, todo esto es para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas.
En noviembre de 2019, cuando Suarez preparaba la ley para cianurar el agua para sacar metales, Badaloni condicionó despidos o creación de empleo al avance de la megaminería con cianuro. “No podemos resistir más si no hay otro plafón. Necesitamos que esto avance. Si es no, tenemos que tomar otras medidas más graves porque no hay expectativa. No tenemos futuro”, dijo en una entrevista radial.
Estos son los diez puntos de la propuesta entregada por la UIM a Suarez:
1) Exportaciones: promover la oferta exportable en todas sus formas, poniendo énfasis en las actividades de alto valor agregado.
2) Obra pública: impulsar proyectos de obra pública que contemplen la incorporación de tecnología local y el retorno de la inversión. (Energías renovables, corredores productivos, medio ambiente, pasos fronterizos, etcétera).
3) Minería: dar impulso a los proyectos mineros en el marco de la Ley 7722, como Paramillos, Cerro Amarillo, San Jorge o Sierra Pintada entre otros. Regularizar la actividad de la Dirección de Minería.
4) Petróleo: promover la inversión en exploración y explotación petrolera.
5) Logística: desarrollo del Hub Logístico de Palmira y el Polo Metalmecánico Ferroviario.
6) Turismo y regiones productivas: Implementar medidas y programas que son parte de las mesas de trabajo con el Gobierno Provincial. Del mismo modo, es prioritario integrar las cadenas de valor regionales, contemplando la producción primaria, su industrialización, incorporación de tecnologías, logística y comercialización.
7) Industrias creativas: promover eficazmente la integración del sector tecnológico y del conocimiento con el sector industrial tradicional, fomentando actividades o iniciativas de vinculación para el acceso a financiamiento o incentivos fiscales.
8) Situación fiscal: Establecer medidas tributarias, excepcionales que contemplen la emergencia originada por la pandemia. Esto permitirá que obligaciones generadas durante la misma, con legislación anterior, no sea un condicionante para establecer el despertar de las actividades productivas. Establecer la analogía con las medidas del Gobierno Nacional, como así también, el de otras provincias argentinas.
9) Situación laboral: propiciar diálogo entre sector empresario, trabajadores y gobierno que permita encontrar consensos sobre la situación actual.
10) Portezuelo del Viento: entendiendo que la Provincia, (según acuerdo del 13/06/2019 con el Gobierno Nacional por el juicio caratulado “Provincia de Mendoza C/ Estado Nacional, P/Promoción Industrial”), recibirá del Estado Nacional, mediante la emisión y entrega de letras intransferibles un valor nominal total de dólares U$S 1.023.362.922; los cuales serán afectados a la construcción de la presa “Portezuelo del Viento” y que el presupuesto oficial de esta obra asciende a U$S 884.042.000,00 (I.V.A. INCLUIDO); queda un remanente de U$S 139.320.922.00, el cual como bien manifiesta el convenio de fideicomiso, “pueden ser usados para generar obras complementarias” de obras para la generación de energía. Es por esto, que solicitamos al Gobierno Provincial el destino inmediato de estos fondos específicos (remanente), para la ejecución de obras complementarias las cuales sin dudas serán un gran dinamizador de la economía.
