"La gente de Mendoza ha sufrido las consecuencias de una política destinada a establecer las contravenciones como otra regulación del espacio público para disminuir los espacios de libertad. Es un ejemplo claro de cómo un estado se empieza a fortalecer desde la policialización de la cotidianeidad. Salir a la calle y que la amenaza está ahí sin haber hecho nada. Constituir el delito no por lo que hiciste sino por lo que sos".
De esta manera resumió Ismael Jalil, abogado de Correpi, lo ocurrido en Mendoza desde la puesta en funcionamiento del llamado Código de Convivencia, que Rodolfo Suarez inauguró en la Municipalidad de Capital cuando era intendente, y luego Alfredo Cornejo envió a la Legislatura para que se adoptara como ley provincial.
El Código sirvió para castigar a opositores políticos, a quienes protestaran en las calles, a los desposeídos, a personas excluídas de la economía formal. Y en los últimos meses, se aplicó específicamente contra vecinos y asambleístas que salieron en deensa de la Ley 7722, a quienes se persiguió y obligó -y obliga todavía- a transitar tribunales para defenderse por expresar su oposición a la ley del cianuro de Suarez.
En una tranmisión de Correpi en la que se analizó la situación de las provincias , Jalil se detuvo especialmente en Mendoza cuando abordaron los códigos contravencionales provinciales, que avanzan por sobre el Código Penal convirtiendo contravenciones en delitos.
"Empieza a aparecer el famoso derecho penal de autor y no el derecho penal de acto", resumió Jalil.
El Código Contravencional de Mendoza sirvió al gobernador, y a Ulpiano Suarez, intendente de Capital, para penalizar a los que protestan y para despachar multas. Sobre todo fueron penalizados los sindicatos y agrupaciones políticas de la oposición, incluso a quienes salieron en apoyo y defensa de los ya multados.
A dos semanas de la Vendimia, los Suarez multiplican las multas a los defensores de la 7722
En otro tramo de la conversación, analizó Jalil: "La atrofia del estado social que hubo en el país es directamente proporcional al fortalecimiento del estado punitivo. Cuanto más cae un país en lo social más necesariamente se requiere un estado cada vez mas fortalecido en los aspectos punitivos, en lo penal o en lo social. Esta es la explicación de porqué la policía del gatillo fácil nunca va presa".
Cárceles en el marco del COVID
En la intervención on line vía Facebook se abordó también la problemática de las prisiones domiciliarias en el contexto de la COVID. Jalil señaló allí: "Nunca esto es un tema jurídico. lo jurídico es el instrumento que se da para concretar una política, es un tema político.
"Si se descomprime y terminamos con el delito de bagatela, la cárcel va a quedar para los que realmente la merecen, los genocidas, los femicidas, los violadores", apuntó.
Sobre el escándalo fogoneado por parte de la prensa hegemónica sobre la supuesta "liberación masiva de presos", señaló que Irán, Estados Unidos, Colombia, España, Francia, Italia y otros países de distintos signo político han procedido a la liberación de algunos detenidos.
"Lo que en Buenos Aires se presentó como una barbaridad se trató de un pedido de conmutación de pena de los defensores oficiales que tiene que ver con medidas para aquellos que están presos y este año cumplen la totalidad de la pena y le faltan meses para salir, o que se encuentran en una situación que ameritaba la condicional", detalló.
Luego volvió sobre Mendoza: "En mendoza todo el mundo habla de Almafuerte o San Felipe, pero tiene 13 centros de detención que son las colonias, que son lugares donde se ejerce el rigor sobre el cuerpo de las personas. Hay dos cárceles de mujeres, siete alcaidías, la alcaidía de tunuyán está en condiciones tremendas, la conozco personalmente".
"La mentira de las liberaciones masivas sirvió para encubrir la baja salarial y el impuesto a las fortunas", zanjó.
La falacia del delito asociado a la pobreza
"Hay una falacia que es asociar el delito a la pobreza, y eso es una mentira. Cuando asociás delito a pobreza se encubre la verdadera razón por la cual están las cárceles y que hacen las cárceles. la verdadera razón de la cárcel es la desigualdad", sostuvo el abogado de la Correpi.
"Lo que hay que asociar es el delito a la desigualdad. El 70% de los delitos son de bagatela. Nosotros hemos tenido procesos por gente que ha robado un sándwich de una mesa en un juzgado federal. Cuando asociamos el delito a la pobreza estamos escondiendo que lo que hay que asociar es el delito a la desigualdad. Pero como esa desigualdad no se puede justificar es más fácil asociarla a la pobreza".
Aquí abordó el abogado un punto central en la construcción social del delito: "Al asociar delito a pobreza dan la justificación a la posibilidad de reducir la edad de la pena. Y los lleva a penalizar la protesta social, que es otro costado. Se amplía el Código Penal con figuras que penalizan la protesta social, y la aparición de mayores causas para garantizar el encierro. por eso están tan interesados en que no se hable de la desigualdad y asociar el delito a la pobreza. Porque como pobreza siempre hubo, por lo tanto delito siempre va a haber, y por lo tanto es necesaria la cárcel. Ese es el razonamiento que tienen".
