Análisis geopolítico

EE. UU. y la construcción del golpe en Bolivia

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Por Silvina Romano, Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Arantxa Tirado
Para Celag.org

Aunque Evo Morales haya salido victorioso en los comicios del 20 de octubre (por un margen un poco mayor al 10 por ciento) la oposición declaró inválidos los resultados y provocó una escalada de violencia para justificar un golpe de Estado cívico, policial y militar.

Por lo menos desde el 21F los medios de comunicación nacionales y extranjeros fabricaron matrices de opinión falsas para deslegitimar a Evo y al proceso de cambio ante la opinión pública. Finalizados los comicios, la oposición rechazó los resultados, denunció fraude y se negó a participar en la auditoría conducida por la Organización de Estados Americanos (OEA) a propuesta del Gobierno boliviano, tras el informe preliminar de la OEA que cuestionaba la imparcialidad de las elecciones y denunciaba irregularidades en el conteo provisorio de los votos.

Dicho informe contribuyó con un recuento de sufragios que no fue representativo y con declaraciones de su representante, que contrastaban con otros informes más completos, como el de CEPR o la investigación del profesor de la Universidad de Michigan y experto electoral, Walter R. Mebane.

Los comités cívicos (dirigidos por empresarios de ultraderecha) salieron a “calentar” las calles con grupos de choque, amenazando y golpeando a ciudadanos, sobre todo indígenas. La Policía Nacional se replegó a los cuarteles exigiendo un alza salarial. Grupos civiles armados y uniformados amedrentaron a dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), ministros y cargos públicos para obligarlos a renunciar, y prendieron fuego a sus casas, incluso, violentando a sus familias.

Finalmente, el Ejército se volteó y pidió/sugirió la renuncia de Evo. Para evitar el derramamiento de sangre, él y el vicepresidente, Álvaro García Linera, presentaron su renuncia.

Bolivia en la geopolítica de EE. UU.

Por detrás de la manufacturación de la idea de “fraude electoral”, hay que considerar la importancia geopolítica y geoestratégica del territorio boliviano y los intereses del sector público-privado estadounidense, reflejados en más de un siglo de intervenciones en el país andino.

El MAS, gestionando en la dirección de políticas más soberanas, rompió esta dinámica y provocó la hostilidad de EE. UU. hacia el Gobierno boliviano.

La disputa por el acceso y apropiación de los recursos naturales puede ser apreciada en los cables de Wikileaks e informes de think tanks estadounidenses en los que se hace explícita la importancia de determinados recursos bolivianos (en especial, el litio y el gas) y la necesidad de eliminar los obstáculos para garantizar el acceso a los mismos. En definitiva, dejan percibir un clima de “guerra por los recursos” en la que China se dibuja como gran rival.

En un artículo titulado “El papel de Bolivia en la transición energética amenazado por la incertidumbre del litio”, el Atlantic Council -think tank referente del establishment imperialista fundado en 1961 en el marco de la Guerra Fría plantea que:

“Bolivia tiene un alto potencial para ser crucial en el desarrollo de litio
(…) el mayor inhibidor de la inversión extranjera es la reputación de
Bolivia que tiene un clima de inversión inseguro. Después de asumir
el cargo en 2006, Morales nacionalizó la industria de hidrocarburos
de Bolivia, despojando la propiedad de compañías extranjeras.
Además de los reparos sobre la ideología de Morales, existe su
control sobre el poder: Morales ha lanzado un referéndum público
para permitirle enmendar el límite constitucional del mandato,
declarando su candidatura para las elecciones del próximo año a
pesar de alcanzar el límite de mandato decretado constitucionalmente.
(…) El litio puede convertirse en un problema geopolítico. China ya tiene una
producción nacional significativa y ha comprado una gran parte de la compañía
de litio más grande de Chile, consolidando cierto control sobre el suministro de
litio” [6 de agosto de 2018].

Por su parte, el Clima de Inversiones de Bolivia 2019, publicado por el Departamento de Estado de EE. UU. (DoE), menciona que “la falta de seguridad jurídica, las denuncias de corrupción y los incentivos de inversión poco claros son impedimentos para la inversión en Bolivia”.

La salida de Evo Morales frustró el acuerdo entre Bolivia y Alemania por la extracción de litio

Más de un año antes de las elecciones, Stratfor (consultora que realiza investigaciones de inteligencia para el Gobierno estadounidense) plantea, en una serie de informes, un escenario posible (¿deseado? ¿buscado?) de disturbio, inestabilidad y posibles sanciones de EE. UU. frente a una victoria de Evo Morales:

“Las elecciones de 2019 serán el momento clave para la inestabilidad política en Bolivia (…) Una elección muy disputada, en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral, podría prender la llama en una escena política interna ya tensa. Las manifestaciones se extenderían, particularmente en provincias orientales como Santa Cruz, centro de la oposición política boliviana. (…) Esa situación podría provocar un breve período de confrontación política posiblemente violenta en todo el país” [3 de enero de 2018].

 

– “La amenaza de la nacionalización y la fuerte intervención estatal permanecerán siempre presentes si Morales logra la reelección, una perspectiva que podría desalentar a los inversores extranjeros interesados en las reservas de litio del país” [15 de junio de 2018].

 

– “Una ola prolongada de protestas también traería consigo riesgos políticos para el gobierno de Morales. (…) sofocar violentamente las protestas postelectorales correría el riesgo de atraer la atención negativa de los Estados Unidos en forma de sanciones selectivas.

 

Las sanciones pueden hacer poco para revertir un resultado electoral, pero podrían amenazar las finanzas de los funcionarios del gobierno boliviano y pueden influir en su voluntad de buscar otro mandato en el poder.” [20 de septiembre de 2018].

EE. UU. y la postura oficial: antes de las elecciones y después del golpe

Desde 2017, diversos comunicados oficiales, declaraciones de autoridades del Gobierno y proyectos de ley dan cuenta de la incidencia del Gobierno estadounidense de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia.

OEA: del centro para (subordinar) la periferia

La OEA ha tenido un papel protagónico en el golpe de Estado contra Evo Morales de la mano de su secretario general, Luis Almagro, que se ha destacado por declaraciones de alto contenido partidario e injerencista.

La convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el 23 de octubre para “considerar la situación” de Bolivia a pedido de las Misiones Permanentes de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, EE. UU. y del representante de Juan Guaidó, se realizó de manera apresurada, sin margen para la participación del canciller boliviano Diego Pary y en medio del recuento de los resultados de las elecciones celebradas tres días antes.

Se presentó un informe todavía preliminar, cuestionando unos resultados electorales que no eran definitivos, lo que sirvió para posicionar la matriz del “fraude” y ayudar a desencadenar los acontecimientos.

Ante este panorama planteado por la OEA, el Gobierno boliviano solicitó a la propia organización la realización de una auditoría de las elecciones, por parte de una nueva misión electoral que estuvo envuelta en el escándalo por la renuncia de su jefe de misión, claramente posicionado en contra del Gobierno de Evo Morales.

Acordó con la OEA la publicación de los resultados de la auditoría el 13 de noviembre, pero la OEA realizó un comunicado de prensa la madrugada del 10 de noviembre filtrando de manera interesada los hallazgos preliminares de los auditores, nunca un informe definitivo.

Esta medida sirvió de presión al Gobierno de Morales para que convocara nuevas elecciones ante el descrédito desde la OEA a las instituciones electorales bolivianas. Fue el propio secretario general el que presionó para adelantar los resultados de la auditoría.

Tras la consumación del golpe de Estado, se convocó un nuevo Consejo Permanente el 12 de noviembre en el que se presentó otro informe de resumen de los hallazgos preliminares, nunca definitivos, de la auditoría28 (con agradecimientos a los gobiernos de Alemania, Brasil, Canadá, España, Italia, Países Bajos, Perú y Suecia por su financiación). En esta sesión, Luis Almagro llegó a afirmar que el golpe de Estado en Bolivia “ocurrió el 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta”.

Se justificaba, así, la impugnación de los resultados electorales que dieron la victoria a Evo Morales que sirvió de base para el derrocamiento de su Gobierno.

OEA y medios de comunicación: actores del lawfare electoral

El caso de Bolivia puede representar una arista del lawfare (guerra por la vía judicial) en su versión electoral, al asentarse en el uso de la ley como un arma para lograr objetivos políticos. En este caso, abuso de las normas de organismos internacionales, como la OEA, para interferir en el derrotero político de Bolivia (aspecto que fue subrayado por la delegación mexicana en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 23 de octubre) y desconocimiento de la legislación
y las autoridades bolivianas.

Lo importante es que esta injerencia se muestre a la opinión pública no sólo como conveniente sino como necesaria para rescatar la legalidad del proceso democrático. Cuando la misión desembarca en Bolivia, llega con una serie de juicios (prejuicios) y declaraciones que clasificaron al proceso electoral como irregular, dudoso, tal vez fraudulento, desde un inicio.

Esto reproduce la práctica de, ante todo, la práctica de culpar a un líder, grupo o sector político, sin contar con las pruebas fehacientes para ello. Se instala, además, la sospecha y duda sobre la actuación de las instituciones soberanas de un Estado, sentando precedentes muy peligrosos de desconocimiento supranacional de las soberanías nacionales emanadas de la voluntad popular.

La legitimidad de la OEA -y su impacto en la opinión pública- depende de la articulación con los medios, porque allí se generan el linchamiento y las acusaciones que se traducen en la deslegitimación del proceso electoral en sí mismo. Para dar algunos ejemplos, medios concentrados de EE .UU. y la UE, como la BBC, New York Times, Washington Post, The Guardian; France 24, sumados a agencias de prensa como Reuters, instalaron que lo normal u obligatorio era ir a una segunda vuelta, aun cuando no se había concluido el conteo de los votos.

También arengan sobre las protestas y la represión por parte del Gobierno (manipulando los números sobre cantidad de manifestantes y las acciones de la Policía para controlar la protesta); finalmente todos los argumentos apuntan a que esta actitud de parte del MAS y de Evo Morales se deben al autoritarismo o al carácter “dictatorial” del Estado boliviano y llevarán a Bolivia a repetir la experiencia venezolana.

Asistencia para el desarrollo (del golpe)

La ayuda para el desarrollo estadounidense a América Latina y el Caribe, y su rol en la “promoción de la democracia” -principalmente a través de instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)- puede ser cuestionada desde distintas aristas.

Más de medio siglo de institucionalización de la asistencia en Bolivia, que ha superado los 5 mil millones de dólares y se incrementó de manera significativa en el siglo XXI, incluso en los primeros años del Gobierno de Morales, han contribuido a la dependencia externa y al
debilitamiento del Estado en lugar de reducir la pobreza.

Agencias como la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Democrático Nacional (DNI) lograron un impacto profundo en la vida política boliviana bajo el argumento de promover la “democracia representativa” y el libre mercado, por medio de asesoramiento y financiamiento de líderes y partidos políticos.

Como ejemplo, hay que destacar que una de las claves para el impulso de los grupos opositores
al gobierno del MAS se dio con la implementación del programa Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (FIDEM) por la USAID en octubre de 2006 al direccionar recursos a los gobiernos departamentales.

A partir de 2005 la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de USAID dirigió la mayoría de su financiación a los proyectos separatistas de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).

El frustrado golpe cívico-prefectural en 2008 -que llevó a la expulsión del embajador Philip Goldberg y de la DEA de Bolivia- marcó una reducción en la asistencia, alcanzando uno de los niveles más bajos (2.979.682 dólares) tras la expulsión de la USAID en 2013. Entre todo el período 2013-2018 USAID destinó 70.681.620 dólares en asistencia económica a Bolivia que, a partir de 2014, pasa a ser canalizada a través de otras agencias y se incrementa vertiginosamente
superando los 56 millones en 2015 (año previo a la realización del referéndum constitucional de febrero de 2016).

Los proyectos financiados por la NED en 2018 estuvieron claramente orientados a los comicios presidenciales, enfocándose principalmente al “apoyo” de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Destacan los siguientes:

En noviembre de 2018 la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos presentaron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA contra la repostulación de Morales. Ambas organizaciones son financiadas por la NED:

Asistencia militar

Otro brazo fundamental de la asistencia es el militar. Durante el periodo neoliberal la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en tareas de seguridad interna respondía a lineamientos externos. La militarización de la lucha contra las drogas se concretó por medio de convenios bilaterales entre Bolivia y EE. UU., seguidos de la aplicación de planes, operativos, creación de fuerzas especiales, etc.

Entre los principales resultados de ese proceso se destacan las graves violaciones a los
derechos humanos, inestabilidad política y social, así como la pérdida de soberanía estatal en materia de definición de políticas.

Parte fundamental de la asistencia militar fue el envío de oficiales a cursos de entrenamiento en Fort Benning, Georgia, donde funciona la heredera de la Escuela de las Américas, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, por el cual han pasado alrededor de 4211 militares desde 1949 hasta 2004. En el periodo de 2000-2004 son unos 350 militares, entre los que se encuentra el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia,
el general de Brigada Sergio Orellana Centellas, quien asistió en 2003 al curso “Operaciones cívico-militares”.

Aunque se puedan destacar avances significativos de la estrategia contrahegemónica llevada a cabo por el Gobierno del MAS en el ámbito de la seguridad, defensa y, en particular, en la definición de políticas de drogas, la actual coyuntura demuestra que no se ha logrado romper de manera definitiva con la lógica securitaria estadounidense. Ejemplo concreto de ello es que altos mandos de las FF.AA. y funcionarios del Gobierno involucrados en el proceso golpista, además del general Orellana, pasaron por academias e instituciones estadounidenses:

-El general Vladimir Yuri Calderón, comandante general de la Policía, fue agregado policial en Washington hasta diciembre de 2018.

-El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, fue agregado militar en EE. UU. entre 2013 y 2016. Además asistió en Fort Benning al curso “Comando y Estado Mayor en 2003”.

 

– Manfred Reyes Villa, exalcalde de Cochabamba y excandidato presidencial
fue, asimismo, alumno en Fort Benning.

 

– General Remberto Siles Vásquez (implicado en audio 12),47 coronel Julio César Maldonado Leoni (implicado en audio 848 y 949), coronel Óscar Pacello.

Aguirre (implicado en audio 14)50 y coronel Teobaldo Cardozo Guevara (implicado en audio 10),51 asistieron a la Escuela de las Américas.

 

Ello no significa que dentro del Ejército no existan militares patrióticos comprometidos con el proceso de cambio. Hace pocos días soldados de Infantería del Ejército se han unido a la marcha indígena procedente de Oruro que se dirige a La Paz para protestar contra el golpe de Estado liderado por Jeanine Áñez.

Pero sí demuestra que las FF. AA. bolivianas, a pesar de los intentos del Gobierno de Morales por transformarlas (por ejemplo, a través de la creación de la Escuela de Comando Antiimperialista), siguen estando dirigidas por mandos afines a EE. UU.

Red de derechas

Mientras la cooperación fluye de forma directa a través de los canales estadounidenses y las organizaciones locales, también opera de modo menos visible como eslabón de una “red de derechas” nacional, regional e internacional a través de fundaciones, medios de comunicación y ONGs.

Algunos miembros de la derecha local -vinculados al proceso golpista- con proyección privilegiada en medios y redes son los siguientes:

– Raúl Peñaranda. Director FIDES, agencia de noticias miembro de la Agencia Nacional de Noticias, a su vez, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (campaña directa en contra de gobiernos progresistas). Tuvo un rol protagónico en el montaje del “Caso Zapata”, previo al referéndum de febrero de 2016 (21F). Recibe financiamiento de la NED. Se vincula con universidades estadounidenses como Harvard, a través de cursos, y un premio brindado por la Fundación Nieman (vinculada a la Sociedad Interamericana de Prensa en programas de lucha por la “libertad de expresión”). Impartió cursos en el International Republican Institute.
Consigna en Twitter: #VayanseDeUnaVez

– Oscar Ortíz Antelo: diputado por Unidad Demócrata. En 2008 crea la Fundación Nueva Democracia y desde entonces cuenta con financiamiento de la NED. Ya formaba parte del circuito de la NED, a través de sus vínculos con la Alternativa Democrática para las Américas y la Unión de Partidos Latinoamericanos. Todos organismos de la derecha latinoamericana que, a su vez, se asocian a organizaciones dedicadas a la “formación de líderes”, como la Fundación Atlas o la Red Liberal de América Latina (RELIAL).

La misma Fundación se especializa en juventud, mujeres y liderazgo (rubros comunes en las ONGs del nuevo milenio), que lo vinculan a Estudiantes por la Libertad de la Red Atlas, por ejemplo. Estos cursos de verano, seminarios y becas son financiados por la Fundación Konrad Adenauer (alemana), a la vez que reciben financiamiento de la NED.

– Carlos Mesa: candidato opositor al MAS y expresidente de Bolivia. Implicado en campaña y montaje previo al 21F. Directamente involucrado en rol desestabilizador de la OEA. Reunión previa con Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, quien a su vez tiene relación con Fernando Camacho (el que se sumó al no reconocimiento de los resultados profesado por Mesa). Inició su relanzamiento a la Presidencia con un video en youtube. Consignas en Twitter: #EsAhoraONunca #UnaBoliviaMejor #YaEsDemasiado.

– Waldo Albarracín: Decano de la Universidad Mayor de San Andrés, y miembro del Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (CONADE). Uno de los principales implicados en el golpe. En rueda de prensa en La Paz, instó a la resistencia civil para defender el voto y garantizar la segunda vuelta en el país (ElDiario.es). Albarracín está vinculado a Logos International
University (una universidad religiosa con sede en Miami, que le otorgó un Honoris Causa). La agencia Bloomberg y CNN son algunos de los medios concentrados que replican la opinión de Albarracín y lo colocan en la opinión pública internacional.

Jhanisse Vaca Daza: Directiva de la ONG Rios de pie (Standing Rivers) la cual ha utilizado su plataforma de manera permanente para diseminar información manipulada y generar un rechazo hacia las políticas del Gobierno a nivel nacional. Esta plataforma es financiada por el Freedom Fellowship de la Human Right Foundation (HRF) de EE. UU. Cuando fueron los incendios en la Amazonía boliviana, Ríos de Pie logró posicionar en Twitter el hashtag #BoliviaUnida y #Evoesfraude.

Desde entonces, sus publicaciones tomaron una postura antigubernamental y posicionando en
redes que las elecciones en Bolivia serían fraudulentas. Egresada de la universidad Estatal Kent en Ohio, estudio también en Harvard Kennedy School en el programa “Liderando movimientos no
violentos para el progreso social”. En dicha escuela estuvieron también fuerzas de la derecha venezolana como Ricardo Hausmann, Leopoldo López, Juan Ignacio Hernández y Carlos Vecchio. Vaca Daza está vincualda con Leopoldo López a través de su hermano Thor Halvorsenn y su fundación “Human Rights Foundation”.

– Ivan Arias Durán: protagonista del operativo encubierto previo al golpe. Se reunió con el opositor Jaime Antonio Alarcón Díaz y otros miembros de los comités cívicos, donde acordaron obtener equipos de votación rápida para las elecciones presidenciales, a fin de utilizarlos para manipular la opinión pública sobre los resultados electorales y declarar fraude. Hay una referencia de la Fundación Jubileo, la Unión Europea, la Embajada de los Estados Unidos y la Iglesia Evangélica Publicó en Página 7 una columna de opinión titulada “Evo, perdiste”.

De las fundaciones que tuvieron rol protagónico destacan:

– Human Rights Foundation (financiada por gobierno noruego): el 26 de febrero en México vía el Oslo Freedom Forum se llevó a cabo un evento que juntó a la extrema derecha latinoamericana y de otras partes del mundo.68 Promueve activamente la oposición a Cuba y Venezuela por diferentes vías, especialmente a través de conferencias de líderes de derecha.

– Fundación Milenio: ha tenido un rol protagónico en la crítica y desmoralización a la política económica del gobierno del MAS. Es un think tank de economía (neoliberal), también financiado por la NED, encargado de elaborar informes anuales sobre el estado de la economía de Bolivia.

Dichos informes son promocionados por el Center for International Private Enterprise (CIPE, dependiente de la NED). A pesar de estos múltiples vínculos, la fundación se autodefine en su página web como “centro de pensamiento independiente, inspirado en el propósito de modernizar las estructuras nacionales y crear las condiciones propias de una sociedad abierta, democrática, pluralista e integrada en el mundo”. Tiene llegada directa a la prensa hegemónica (El Diario, Página 7, El Deber, Correo del Sur), de modo que la “opinión experta” pasa a alimentar o condicionar la “opinión pública”.

Conclusiones

Estudiar históricamente los golpes de Estado en América Latina es urgente, y sobre todo para Bolivia, país que en el siglo XX fue el que más golpes tuvo y que desde la llegada de Evo había construido continuidad institucional en un país divido racialmente y con fuertes diferencias de clase y género.

El golpe a Evo concatena varias experiencias golpistas de finales de siglo XX y lo que va del siglo XXI. El cerco mediático construido con terror en distintos medios nacionales (como en el golpe a Chávez en 2002), la insubordinación policial (como a Correa en 2010), el pedido de fuerzas de extrema derecha de no aceptar una reelección más de Evo y de nuevas elecciones sin él (como en Brasil con Lula), el intento de consumar el golpe de Estado legitimándolo desde la comunidad internacional con el nombramiento de un nuevo Gobierno de facto que se pretende validar por unas futuras nuevas elecciones (como en Honduras, contra Zelaya, en 2009), el eminente golpe con tácticas de terror social (como en las distintas “guarimbas” en Venezuela), la autoproclamación de Áñez (como la de Juan Guaidó en Venezuela) y el respaldo de EE. UU., y posiblemente, el intento de judicialización (el cual comenzó con Fernando Lugo en Paraguay y siguió por varios países de Nuestra América).

El documento completo con sus correspondientes citas aquí:

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