El 20 de marzo se conocerá la sentencia contra 15 agentes penitenciarios en el histórico juicio en Neuquén por torturas seguida de muerte a un preso en la exUnidad 9, hoy cerrada.
En 2008 Argentino Pelozo Iturri cumplía condena en Ezeiza hasta que fue trasladado intempestivamente, y sin autorización judicial, hacia la Unidad Federal Nº9 de Neuquén. "El traslado se produjo en condiciones deplorables ya que el detenido viajó herido, esposado y sin comida", describió la Procuración Penitenciaria de la Nación. .
Al arribar a la Unidad Penitenciaria fue recibido con una golpiza de “bienvenida” y enviado directamente a una celda de aislamiento. Tres días después fue retirado del “buzón” a golpes y bastonazos desde la celda hasta le enfermería, donde quedó inconsciente y entró en paro cardíaco. Fue en ese momento donde desde el penal se comunicaron con un médico y el detenido fue llevado al hospital, donde finalmente falleció.
La tortura en las cárceles de Argentina no es una excepción sino una regla, remarcó la Procuración en los alegatos del juicio que llegó a su etapa final con la exposición de cada una de las partes. La PPN es querellante en esta causa que considera emblemática.
Pedido de penas
La Procuración solicitó se condene a prisión perpetua a los agentes Pablo Sepulveda, José Retamal, José Quintana, Orlando Jhon, Javier Pelliza, Daniel Romero y Angel Muñiz. Solicitó la pena de 10 años de prisión para el penitenciario Carlos Vergara, por ser coautor del delito de imposición de torturas. Además, se solicitó las penas de 10 años de prisión para Daniel Huenul, jefe del cuerpo de requisa, José Sosa, subdirector de la unidad, y Héctor Ledesma, director de la Unidad, por los delitos de Omisión de evitar las torturas y falsedad ideológica agravada.
Asimismo, pidió 3 años y 8 meses de prisión para el enfermero Miguel Ángel Carrilao, por el delito de omisión de denunciar las torturas y 3 años para el médico Mario Leyria, por el mismo delito. Para el medico Juan Carlos Heredia solicitó 7 años de prisión también por el delito de omisión de denunciar torturas y el de falsedad ideológica. Y solicitó 6 años de prisión para el entonces jefe regional Gabriel Grobli, por los delitos de encubrimiento y omisión de denunciar las torturas.
